El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tres de sus hijos y la Organización Trump han perdido este miércoles en su intento de evitar que Deutsche Bank AG y Capital One Financial Corp entreguen sus registros financieros a legisladores demócratas que investigan los negocios del mandatario.
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El juez de distrito de Estados Unidos Edgardo Ramos ha dictaminado en una audiencia judicial en Nueva York que el Congreso tiene la potestad legal para exigir los documentos, allanando el camino para que los bancos cumplan con las citaciones del mes pasado de dos comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Se trata de la segunda vez en lo que va de semana que un juez falla en contra del presidente en su disputa contra los demócratas. Se espera que los abogados de Trump apelen ambas decisiones. Sin embargo, Ramos ha subrayado que no suspenderá su decisión mientras se escucha una apelación.
La Casa Blanca no se ha pronunciado por el momento sobre el fallo. Por su parte, Deutsche Bank ha manifestado que cumpliría con la decisión del tribunal, mientras que Capital One no ha respondido por ahora.
Los abogados de Trump y de su empresa presentaron la apelación un día después de que el juez Amit Mehta respaldara la petición de la Comisión de Supervisión para acceder a los registros financieros de Trump en manos de la firma contable Mazars LLP.
La decisión judicial del lunes supuso un revés para el presidente republicano en su batalla legal con los demócratas del Congreso que buscan investigar varios aspectos de su Administración.
Se trata de la primera vez que un tribunal federal entra en la disputa sobre lo lejos que puede llegar el Congreso de Estados Unidos a la hora de investigar a Trump y sus negocios.
La Comisión de Supervisión de la cámara baja ha dicho que necesita los antecedentes financieros de Trump para examinar posibles conflictos de interés o si vulneró la ley al no desvincularse de sus participaciones en empresas como sí lo han hecho presidentes previos.
Los abogados de Trump argumentan que las demandas del panel de legisladores exceden los límites constitucionales del Congreso. Mazars LLP ha dicho que cumplirá con sus obligaciones legales, pero no ha tomado una posición mientras el caso se debate a nivel judicial.
