El juez estadounidense Haywood Gilliam Jr ha ordenado este viernes el bloqueo temporal de fondos del Departamento de Justicia para construir un muro fronterizo con México y ha justificado que este dinero no fue autorizado específicamente por el Congreso para su construcción.
La orden prohíbe el uso de 1.000 millones de dólares de los 6.700 millones que el Ejecutivo estadounidense dijo que planeaba invertir en la construcción del muro.
"La idea de que cuando el Congreso rechaza la solicitud del Ejecutivo de apropiarse de estos fondos se encuentre una manera de gastarlos 'sin el Congreso', no concuerda con los principios fundamentales de la separación de poderes que se remontan a los primeros días de la República", ha señalado.
Trump ha reiterado en varias ocasiones que el muro es necesario para acabar con la droga y delincuencia que entra en el país a través de la frontera.
El fallo se suma a las frustraciones de Trump con las órdenes del Tribunal Federal que bloquean sus iniciativas con el objetivo de reducir la inmigración ilegal, un área en la que el actual mandatario estadounidense centrará su campaña de cara a las elecciones de 2020.
En febrero y después de una larga batalla política y un cierre de Gobierno, el Congreso aprobó 1.380 millones de dólares para la construcción de "cercas peatonales básicas" a lo largo de la frontera en el sureste de Texas, mucho menos que lo que quería Trump.
Para obtener el resto del dinero, Trump declaró el estado de emergencia y su Administración señaló que planeaba desviar 601 millones de dólares del Departamento del Tesoro, 2.500 para los programas antinarcóticos del Departamento de Defensa y 3.600 para proyectos de infraestructuras militares.
Ante esta situación, la Cámara de Representantes junto a una decena de estados, pidieron al juez Gilliam que bloqueara la transferencia de fondos para evitar así la construcción del muro.
Sus principales argumentos son que la Administración no puede utilizar los fondos que el Congreso ha negado previamente y no puede construir un muro que no ha sido autorizado, ni trabajar fuera del área geográfica establecida por el Congreso. Además los denunciantes critican que esta desviación de fondos viola la doctrina de separación de poderes establecida en la Constitución de Estados Unidos.
