El Gobierno pone en marcha un plan para luchar contra la desinformación con una estructura de control centralizada cuya coordinación estará en manos de los colaboradores más íntimos del presidente del Gobierno. Iván Redondo, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y director del gabinete del presidente Pedro Sánchez en La Moncloa, estará al frente.
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El Consejo de Seguridad Nacional aprobó el procedimiento el pasado 6 de octubre, siendo publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El objetivo no es otro que "combatir la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
Para llevar a cabo este plan, el Gobierno alude a la petición de la Unión Europea de "desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación". En concreto, hace mención al 'European Democracy Action Plan', citando de éste que se pretende "fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil".
La estrategia estaba definida de antemano tomando como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018, pero el Ejecutivo lo justifica haciendo referencia a la crisis del coronavirus, que ha derivado en una “infodemia” sin precedentes.
El objetivo final sería el de vigilar eventos de desinformación en los medios, evaluar su impacto y una respuesta política como “la adopción de medidas en el caso de atribución pública a un tercer Estado de una campaña de desinformación”. Todo esto en una estructura de cuatro niveles de respuesta.
Lo más relevante es la comisión permanente coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional. Al frente estará Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, y Redondo en primer término. Ambos se apoyarán en el Centro Nacional de Inteligencia (dependiente del ministerio de Defensa), en el Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (dependiente del ministerio de interior), de la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes (dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación) y; por último, de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (dependiente del Ministerio de Asuntos económicos y transformación Digital).
La comisión permanente tendrá como objetivo “asegurar la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la desinformación”. En el BOE consta, también, la necesidad de abordar el fenómeno de las ‘fake news’ de "manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la Covid-19".
Además, se hace referencia a la sociedad civil (medios, plataformas digitales, mundo académico, organizaciones no gubernamentales…) a la que se le podrá solicitar su contribución para "la identificación y no contribución a su difusión" y evitar su expansión en el entorno digital.
Habrá cuatro niveles en el proceso de captación de desinformación:
1.Detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia
2.Apoyar la coordinación y priorizar los esfuerzos en la lucha contra la desinformación
3.Adoptar decisiones y marcar objetivos político-estratégicos para hacer frente a la campaña de desinformación
4.Gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional
El Gobierno defiende que la estrategia está pensada para cuestiones que afecten a la seguridad nacional o de cuestiones importantes, y se insiste en que no tiene nada que ver con los medios de comunicación. “En el texto no se plantea ninguna limitación al derecho de la información”.
El Ejecutivo explicó ayer en un comunicado que "la finalidad es evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país".
El origen de estas acciones son los debates en Europa a raíz de las presuntas injerencias en el referéndum del Brexit y en la campaña electoral de Estados Unidos en 2016. "En ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones", defiende el Gobierno.
