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MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aumentado de 445 a 455 millones de euros los fondos que destinará el año que viene a impulsar la movilidad eléctrica y de pila de combustible de hidrógeno y a impulsar la expansión de la infraestructura de recarga, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

Este monto irá a parar al plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, así como a impulsar la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y también a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde.

Al mismo tiempo, se busca también fomentar proyectos singulares de innovación relacionados con la cadena de valor de la electromovilidad y la renovación del parque automovilístico en general, incluida la explotación de la tecnología del hidrógeno verde.

Esta partida de 455 millones de euros para la movilidad sostenible se incluye en el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que tiene un presupuesto total para 2023 de 1.803 millones de euros.

Bajo este paraguas se incluirán actuaciones para lograr una transición hacia la movilidad urbana "limpia, segura e inteligente". Así, se repartirán 989,7 millones de euros a la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) y para la transformación del transporte urbano y metropolitano.

De esta forma, el Ejecutivo busca delimitar ZBE en municipios con más de 50.000 habitantes y en las capitales de provincia, aunque también para ayuntamientos con entre 20.000 y 50.000 habitantes, de cara a fomentar la movilidad activa y otras medidas orientadas a reducir la utilización de "coches privados", a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte público y a mejorar la calidad y fiabilidad de los servicios ferroviarios de corta distancia.

Así, en 2023 se financiarán con casi 990 millones de euros inversiones que ejecutarán tanto ayuntamientos como comunidades autónomas y también empresas prestatarias de servicios de transporte público (públicas y privadas) para el diseño e implementación de zonas de bajas emisiones, para medidas de transformación sostenible y digital del sistema de transporte público, para el fomento de la movilidad activa y para otras iniciativas complementarias con el fin de conseguir una menor utilización del vehículo privado en los entornos urbanos y metropolitanos.

El Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos recoge, de esta forma, una partida de 358,99 millones de euros que irán a parar a la puesta en marcha de actuaciones de mejora de la calidad y la fiabilidad del transporte de Cercanías.

225.000 ELÉCTRICOS EN 2023

Entre los objetivos de este plan de choque, cuyo reparto de fondos coordinará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), destaca el apoyo a la adquisición de entre 180.000 y 225.000 vehículos eléctricos enchufables y de entre 90.000 y 110.000 puntos de recarga hasta 2023.

El reparto de estos 455 millones de euros se llevará a cabo a través de ayudas y subvenciones a fondo perdido y también con inversiones financieras, en función de las necesidades, siempre con el foco puesto en la movilidad eficiente y sostenible.

Los PGE contemplan que las ayudas que se otorgarán dependerán del tipo de beneficiario y serán las máximas que permita la normativa, primando "siempre que sea posible" el achatarramiento de vehículos tradicionales, en línea con el Marco de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Así, se aportarán el año que viene 250 millones de euros a convocatorias de apoyo a proyectos innovadores de fomento de la movilidad eléctrica. La previsión es subvencionar la adquisición y puesta en servicio de 238.000 vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de hidrógeno y de puntos de recarga. También se prevé la finalización de al menos 85 proyectos en el marco del programa Moves Proyectos Singulares.

ZBE

En cuanto a las ZBE, el proyecto de PGE recoge que el impulso de estas zonas en las ciudades tiene la intención de cumplir con los objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que, entre otras metas, busca contribuir a reducir un 35% hasta 2030 el uso del vehículo privado en entornos urbanos y de los tráficos interurbanos en un 1,5% anual.

Los Presupuestos contemplan transferencias a los ayuntamientos para inversiones en proyectos para la implantación de ZBE, así como para medidas destinadas a la transformación digital y sostenible del transporte colectivos y de impulso a la movilidad saludable.

También se realizarán inversiones en proyectos de transformación de flotas de transporte público y en proyectos de digitalización que fomenten la reducción de emisiones en el ámbito del transporte urbano.

Así, se destinarán 310 millones de euros a la adquisición de flotas de vehículos de cero emisiones (eléctrico e hidrógeno) para el transporte urbano, así como para la instalación de puntos de recarga para dichas flotas e inversiones para infraestructura ciclista.

La previsión es que a finales de 2025 se hayan culminado al menos 280 proyectos por parte de los ayuntamientos y comunidades autónomas, con una inversión conjunta de 1.500 millones de euros a 2024 para fomento de la movilidad sostenible.

Entre las actuaciones se recoge una línea de ayudas a empresas para achatarramiento de vehículos antiguos, en función de su valor residual y del cálculo de costes externos evitados al retirar de la circulación dicho vehículo. La intención es retirar de la circulación aquellos vehículos más antiguos y, por tanto, más contaminantes y menos seguros.

Estas ayudas no estarán vinculadas a la adquisición de vehículos nuevos. El objetivo perseguido es retirar los vehículos más contaminantes de las carreteras, y no incentivar la compra de nuevos vehículos.

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