MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Ciudadanos ha presentado a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para dejar sin efecto la Nota Explicativa de la Agencia Tributaria relativa a la deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial y reconocer así la aplicación retroactiva de los incentivos fiscales al inicio de 2022.
La formación naranja recuerda en su proposición que la ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo incluía una disposición final quinta, aprobada a instancias del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que incorporaba en el Impuesto sobre Sociedades una deducción del 10% en cuota, por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores.
Sin embargo, tras la publicación de la ley en Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor, la Agencia Tributaria emitió una Nota Explicativa para aclarar que esta nueva deducción será aplicable para períodos impositivos que comiencen a partir de la entrada en vigor, el 2 de julio. De esta forma, Hacienda cerraba la puerta a la aplicación de este incentivo fiscal desde el 1 de enero, cuando empieza el ejercicio de la mayoría de las sociedades en España.
"Con esta arbitraria decisión del Ministerio de Hacienda, se pospone de facto la puesta en marcha e implantación de los planes de pensiones de empleo hasta el ejercicio 2023 para la inmensa mayoría de sociedades", denuncia Ciudadanos en la exposición de motivos de la proposición no de ley.
Por este motivo, Ciudadanos pide dejar sin efecto la Nota Explicativa emitida por la Agencia Tributaria el pasado día 5 de julio de 2022, y reconocer la aplicación retroactiva de ese incentivo fiscal al inicio del ejercicio 2022, ya que no contraviene normativa jurídica o constitucional alguna y supone un beneficio para el contribuyente.
La ley de impulso a los planes de pensiones de empleo entró en vigor el 2 de julio, tras su publicación en el BOE, aunque algunos aspectos de la misma arrancarán su vigencia el 1 de enero de 2023, como los límites a las aportaciones empresariales anuales.
Esta norma, que se aprobó en el Senado el pasado 22 de junio sin modificaciones respecto a las introducidas previamente en el Congreso, tiene por objetivo facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro a los trabajadores de rentas medias y bajas, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a funcionarios de administraciones públicas pequeñas que no tenían posibilidad de acceder a planes colectivos de empleo.