La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez encargado de investigar la presunta 'caja b' del PP de Madrid que exculpe a Esperanza Aguirre, la expresidenta madrileña, y a su sucesor, Ignacio González (imputado también por el caso Lezo), según fuentes jurídicas que informan a Efe.
El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha declarado que no ve indicios suficientes para imputar a Aguirre y González. "Bien como consecuencia de la prescripción de los hechos que motivaron a su llamamiento, bien como consecuencia de la falta de indicios que permitan sostener una acusación".
Sin embargo, el departamento Anticorrupción de Luzón ha pedido procesar al exconsejero Francisco Granados, presunto líder de la trama 'Púnica', junto a otras nueve personas ante la Audiencia Nacional. Asimismo, informa Europa Press que la Fiscalía concluye que la presunta falsedad electoral referida a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estaría prescrita, pero se "mantiene la existencia de falsedad electoral respecto de las elecciones autonómicas de 2011" y por ello alude a procesar a Granados por delito electoral, tráfico de influencias y cohecho.
Además, se mantiene al resto de procesados como Beltrán Gutiérrez por delito electoral en relación con los mismos hechos, y en la misma tónica a Salvador Victoria, Borja Sarasola, José Martínez, Francisco Lobo, Diego Mora, Alejandro de Pedro, Isabel Gallego y María Luisa de Madariaga por prevaricación y malversación por "los trabajos de reputación 'on line' para diferentes políticos".
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El informe final de Anticorrupción analiza las elecciones de 2007, 2008 y 2011. Por ello, recoge las diferentes adjudicaciones en cuanto a la contratación pública y los encargos en materia de posicionamiento 'on line', también la implicación de las personas físicas y jurídicas que habrían participado en los hechos. Todo ello desde una "perspectiva procesal y de posible responsabilidad penal".
Ahora, queda en manos del juez encargado, Manuel García Castellón, quien debe valorar la petición de la Fiscalía y en caso de atenderla Esperanza Aguirre e Ignacio González quedarán exentos de los cargos. De la misma manera, la expresidenta Cristina Cifuentes quedó fuera de la investigación sobre la presunta financiación ilegal.
El 18 de octubre, Esperanza Aguirre declaraba ante el juez que no tenía responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid, ya que no eran las funciones del presidente, y que si bien ella era la que nombraba a sus cargos en la Comunidad, siempre lo consultaba con Mariano Rajoy.
