VALENCIA, 1 (EUROPA PRESS)
El reglamento del Consejo de Informativos de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) establece la "independencia y transparencia absoluta" de los trabajadores de À Punt y que no pueden recibir ni regalos en metálico o en especie --a excepción de los culturales que faciliten la labor periodística-- ni viajes pagados por empresas o partidos políticos.
Tras su aprobación hace unas semanas por el 73,5% del Consejo Rector del ente, la norma se publica este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y dicta como primer principio que los trabajadores no podrán "recibir instrucciones, directrices o cualquier tipo de indicación imperativa del Consejo ni de grupos políticos, económicos, sociales u otras instituciones y entidades".
Otro de los ejes deontológicos es que la programación y los informativos incluirán "todas las opciones y opiniones presentes en la sociedad valenciana" para que la ciudadanía valore e interprete los hechos correctamente, delimitados por la representación y por el interés informativo, además de garantizar el acceso a las minorías o a grupos en peligro de exclusión.
Bajo este prisma, las informaciones mostrarán los hechos "con ecuanimidad", explicarán las causas y posibles efectos y serán "extremadamente precisas con la realidad", contrastadas con más de una fuente y permanentemente actualizadas. Para ello, las opiniones estarán claramente identificadas y diferenciadas.
El respeto del derecho al honor, la intimidad personal y familiar, la imagen y la protección de la juventud y la infancia también son algunos de los ejes de reglamento, además de corregir los errores detectados y señalarlos con claridad.
DERECHOS, DEBERES E INCOMPATIBILIDADES
Entre los derechos de los trabajadores está la cláusula de conciencia que recoge la Constitución: negarse a elaborar o difundir informaciones que atenten contra los principios periodísticos o a su conciencia profesional, así como si el medio "cambia radicalmente de línea editorial". También están reconocidos el secreto profesional para salvaguardar fuentes y la propiedad intelectual, por la que tendrán que mencionar la autoría de informaciones de otros medios.
Y como obligaciones, se tendrán "muy en cuenta" la neutralidad, imparcialidad e independencia, "sin atender ningún tipo de presión ni hacer seguidismo de otros medios", con lo que difundirán los hechos "desde todos los puntos de vista posibles".
Las incompatibilidades que dicta el reglamento vienen de la ley nacional 53/1984 e incluyen otras como que la plantilla no podrá aceptar regalos en metálico o en especie, aunque no se consideran como tales los libros, DVDs o entradas a acontecimientos culturales o deportivos que faciliten la tarea informativa.
Tampoco se permiten los viajes pagados por empresas, partidos u otras organizaciones, salvo los de interés periodístico y los que autorice la dirección con independencia del enfoque editorial. En la misma línea, los intereses personales no podrán entorpecer el servicio público y los trabajadores no podrán obtener beneficios directos, especialmente en el caso de los periodistas de economía.
DISCREPANCIAS
Para resolver discrepancias, el Consejo de Informativos podrá expresar su opinión en las plataformas informativas del ente (web, radio y televisión) cuando más de la mitad de una asamblea considere que una decisión o un contenido vulnera algún principio, en un máximo de una semana.
Si lo considera necesario, también podrá ratificar con una consulta electrónica la continuidad de los subdirectores y jefes de redacción. La dirección analizará el resultado y abrirá un diálogo para proponer soluciones en el caso de que dos tercios de la plantilla de informativos se opongan.
PROTECCIÓN ANTE PRESIONES EXTERNAS E INTERNAS
En cuanto a su estructura, el consejo estará compuesto por cinco trabajadores --con una distribución de género de 3-2 como máximo-- y protegerá a la redacción de "posibles presiones externas e internas". El reglamento no podrá tener incidencia económica y es una norma de obligado cumplimiento en la que han participado tres representantes de los trabajadores elegidos en elecciones abiertas a la plantilla.
Como requisitos, los consejeros tendrán que llevar seis meses como mínimo, serán elegidos para dos años --sin más de dos mandatos consecutivos-- y no pueden ser directores, subdirectores, jefes de redacción o servicio, coordinadores, editores o delegados.
Las candidaturas se presentarán por escrito individualmente, tras lo que la votación será libre, secreta y electrónica, no delegable, con escrutinio público. Habrá dos listas: una de periodistas, de la que se elegirán cuatro consejeros, y otra de expertos en redes y demás categorías para el quinto integrante.
La dirección de informativos la ostentará un "profesional de prestigio", con experiencia acreditada de más de cinco años en medios de comunicación. El consejo convocará a la asamblea para votar la propuesta, tras lo que la ratificará o no, mientras que el resto de cargos saldrá de una convocatoria pública en base a igualdad, mérito y capacidad.
En general, las funciones del Consejo de Informativos son velar por la independencia editorial de los trabajadores y del propio ente y las sociedades dependientes, participar en la elaboración de los libros de estilo e informar de las propuestas de nombramiento de directores de informativos con carácter vinculante, así como actuar como instancia de comunicación y diálogo entre la dirección y los trabajadores.
Este órgano se reunirá preferentemente una vez al mes, con la persona más votada como presidente, y remitirá semestralmente un informe al Consejo Rector, a quien podrá dirigirse cuando considere oportuno. También elaborará un informe anual para identificar las dificultades y problemas de todo el ejercicio que se publicará en la página web de la corporación.
Paralelamente, la dirección de informativos de À Punt Média convocará una reunión con el consejo al menos una vez al mes para trasladarles consultas, iniciativas y posibles conflictos sobre cuestiones estrictamente profesionales.