El paquete legislativo sobre los servicios digitales que la Unión Europea (UE) ha acabado de tramitar recientemente exige a las grandes plataformas digitales como Twitter, Alphabet o Meta una supervisión más estricta y una mayor protección de los consumidores. En un mundo en que los servicios digitales desempeñan un papel cada vez más importante, tanto en la economía como en nuestra vida social, el paquete legislativo pretende responsabilizar en mayor medida a estas plataformas, luchar más enérgicamente contra los contenidos ilegales y garantizar mercados digitales justos.
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La Ley de Servicios Digitales comprende el Reglamento de Mercados Digitales (RMD) y el Reglamento de Servicios Digitales (RSD). Los principales destinatarios de esta nueva legislación son las empresas tecnológicas más influyentes, denominadas gatekeepers. Las normas se aplicarán a cualquiera de estas grandes plataformas online, guardianes de acceso, que ofrezcan sus servicios dentro de la UE, independientemente de dónde tengan su sede. Al poner coto a estas poderosas empresas, el paquete impulsará la innovación, el crecimiento y la competitividad, y ayudará a las empresas más pequeñas y a las de nueva creación a competir con las más grandes.
Las empresas que quedarán afectadas son numerosas: proveedores de servicios de Internet; registros de nombres de dominio y de hospedaje; servicios de comercio electrónico, incluidas las plataformas de viajes y alojamiento; y los mercados online que sirven de conexión entre compradores y vendedores. Sin embargo, el debate más intenso lo está generando el impacto del paquete en las tiendas de aplicaciones -con implicaciones de gran alcance para la competencia-, así como en los motores de búsqueda y las plataformas de medios sociales, donde la desinformación y los contenidos ilegales son las principales fuentes de preocupación.
El RDM complementa la legislación sobre competencia y limita el poder de las empresas digitales dominantes. En ella, la Comisión Europea ha acordado las normas más estrictas del mundo para una mayor competencia y equidad entre los principales actores digitales. A la vez, establece un código de conducta para los gigantes de Internet y los motores de búsqueda, las redes sociales o los brókers online estarán sujetos a normas claras y estrictas y ya no podrán determinar unilateralmente las reglas del juego.
Anteriormente, solo existían normas comparables en Alemania con la Ley de Digitalización GWB-10, que entró en vigor en 2021.
El RSD, por su parte, regulará la incitación al odio y los contenidos ilegales -incluida la propaganda terrorista o las ofertas de venta de productos falsificados- en las plataformas digitales. Al mismo tiempo, se frenará el dominio de empresas que influyen en el mercado, como Apple, Amazon, Facebook y Google, y se garantizará la competencia leal. Este reglamento atribuye más responsabilidad a las plataformas y pretende garantizar que los contenidos que incumplan las normas desaparezcan más rápidamente de la red. Junto con el RDM, el RSD prohíbe a las grandes empresas tecnológicas fusionar datos de distintas fuentes sin el consentimiento explícito del usuario. Los principales servicios de mensajería, como WhatsApp e iMessage, también deberán abrirse en el futuro a la recepción de mensajes de otras aplicaciones.
Endurecer la regulación de estos servicios tiene como objetivo principal crear un entorno digital más seguro, justo y transparente en el que se protejan los derechos de los usuarios; se pueda luchar directamente contra los contenidos ilegales; los algoritmos tengan que atenerse a normas de transparencia y conducta; los contenidos estén adecuadamente moderados y se limite la publicidad selectiva. Esto incluye medidas para contrarrestar los productos, servicios y contenidos ilegales online y procedimientos claramente definidos para su retirada por la plataforma.
Además, el RSD permite a los consumidores que sufran daños por este tipo de servicios o contenidos reclamar una indemnización. Mecanismos como los sistemas de recomendación (algoritmos diseñados para cuantificar estadísticamente el interés de un usuario por un determinado producto o servicio) deberán someterse a evaluaciones de riesgo y serán objeto de mayor transparencia.
Al impulsar la competitividad de las empresas más pequeñas y las de nueva creación e igualar las condiciones de competencia con las grandes plataformas afianzadas, la normativa debería fomentar el crecimiento en toda la UE.
Una legislación que evoluciona al ritmo de las tecnologías digitales
En cuanto a la necesidad de estas normas, huelga decir que las tecnologías digitales evolucionan constantemente. Por tanto, la legislación debe evolucionar para seguir su ritmo.
No debemos olvidar que las plataformas de Internet han creado beneficios significativos -e imprevistos- para los consumidores. Sus innovaciones han precipitado ganancias de eficiencia para el mercado interior de la UE, al tiempo que han facilitado el comercio transfronterizo dentro y fuera del bloque comunitario. Sin embargo, los retos que plantean estas compañías son tan importantes e imprevisibles como sus beneficios.
Una preocupación generalizada es el comercio de bienes, servicios y contenidos ilegales online. Otro es el uso manipulador de sistemas algorítmicos opacos que tienden a amplificar la desinformación más divisiva y perjudicial. Hemos visto sus dramáticas consecuencias en el negacionismo sobre las vacunas y el cambio climático, así como en el aumento de los niveles de polarización política. Y desde el punto de vista comercial, la difusión no regulada de información de mala calidad es una amenaza real para los ciudadanos que intentan tomar decisiones de inversión informadas. La normativa comunitaria vigente aborda en cierta medida algunos de estos problemas. Pero sigue habiendo importantes lagunas y puntos ciegos.
La situación actual ha dejado a un pequeño número de gatekeepers en posición de ejercer de facto un poder normativo sobre los mercados digitales. Esto a veces da lugar a condiciones comerciales injustas para las empresas que utilizan esas plataformas y a menos opciones para los consumidores.
Así que sí, se necesitan nuevas normas para definir y aplicar de forma concluyente los derechos fundamentales de los usuarios, garantizar su seguridad y mantener un entorno online seguro y transparente.
*Martina Hoffard es responsable de marketing de Spectrum Markets