La relación entre los gobiernos y las empresas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Después de la II Guerra Mundial muchos países decidieron reconstruirse usando empresas estatales. En la década de los 80, tras la amenaza del comunismo, los estados retiraron su control sobre las empresas y se erigieron como árbitros que establecen las reglas para que empresas privadas puedan competir en un mercado global.
Actualmente estamos en una nueva fase de esta relación gobiernos-empresas en la que los ciudadanos exigen acciones concretas a problemas como la justicia social o el cambio climático. Como respuesta, los gobiernos están dando directrices a las empresas para que hagan de la sociedad un lugar más seguro y justo pero sin llegar a tener control de sus acciones o sus consejos de administración. En lugar de ser los dueños o los árbitros se han convertido en copilotos.
Muchos ciudadanos temen que los mercados y los reguladores no den la talla. La crisis financiera y la lenta recuperación han acrecentado el eterno problema de las crecientes desigualdades sociales. Aunque algunas preocupaciones son más recientes. Las diez compañías tecnológicas más grandes son casi el doble de grandes de lo que eran hace cinco años y a veces dan la sensación de que se comportan como si estuviesen por encima de la ley.
El telón de fondo geopolítico está lejos del que había en la década de los 90, cuando la expansión del comercio y la democracia prometieron ir de la mano. Hoy, Occidente y China son rivales, pero económicamente están interconectados. El estancamiento de las cadenas de suministros y la escasez están provocando inflación, reforzando la percepción de que la globalización esta sobre extendida. Por no hablar de la amenaza que ejerce el cambio climático.
Los gobiernos, para lidiar con estos miedos, están redefiniendo su relación con las empresas. Si bien es cierto que muy pocos políticos y votantes están dispuestos a una nacionalización de las empresas, ni siquiera el presidente Xi, la pandemia ha hecho que se aprueben políticas inimaginables hasta hace dos años. Recordemos que muchos gobiernos en pandemia han ingresado dinero a las empresas de manera directa e incluso ha dado guías de cumplimentación de actividad a supermercados y empresas de logística.
Las industrias clásicas en las que los gobiernos ejercían un control más férreo por cuestiones de seguridad nacional ahora también incluyen energía y tecnologías y sectores considerados estratégicos podrían incluir en breve la vacunas, material médico-sanitario y los minerales.
Los accionistas y consumidores ya no son los principales grupos en los que las empresas deben concentrarse. Los directivos, a día de hoy, deben también sopesar el bienestar de otros grupos como los suministradores, su propio personal y hasta la competencia. La mayoría de empresas han adoptado estos principios de manera voluntaria y se han adscrito a códigos de inversión sostenible como ESG (ISR en español).
La ambición de confrontar tanto los problemas económicos como sociales es admirable pero la redacción de leyes y normas de manera precipitada puede conllevar una serie de riesgos.
El primer riesgo es que cuando gobiernos como las empresas entren en un conflicto de intereses, no podrán llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Una política antimonopolio que ayude a las pequeñas y medianas empresas acabará afectando a los consumidores que tendrán que pagar mayores precios. Boicotear a China por sus abusos de derechos humanos puede privar a Occidente de suministros baratos para tecnologías potenciadoras de energías renovables. Tanto las empresas como los reguladores enfocados en un solo sector no estarán capacitados para lidiar con este tipo de dilemas.
El segundo riesgo sería la reducción de la eficiencia y la innovación. Duplicar las cadenas de suministros globales (por proteccionismo) es tremendamente caro. Incluso más pernicioso a largo plazo será la falta de competencia. Las empresas que viven de subsidios carecen de fortaleza en sus balances y aquellas que están protegidas de la competencia internacional es más probable que traten mal a los consumidores.
El tercer y último riesgo que se presenta es el "amiguismo". Al final si las empresas y los gobiernos tienen muchos vínculos, éstas intentarán encontrar ventajas competitivas manipulando a los miembros del gobierno para que regulen a su favor mientras que los políticos acabarán favoreciendo a determinadas empresas por intereses económicos o en las que esperarán trabajar una vez acabe su carrera política.
Los gobiernos deben intervenir para asegurarse de que los mercados funcionan mejor mediante políticas fiscales que incentiven el uso de tecnologías que ayuden a combatir el cambio climático, una inversión en I+D en ciencia que escapa a las competencias de las empresas y beneficios sociales que protejan a los trabajadores y aquellas personas en riesgo de exclusión social. Pero las nuevas políticas que hemos visto en pandemia exceden con creces estas competencias y pueden acabar provocando ineficiencia, intereses personales y aislamiento económico.
