En noviembre de 2021, en una cumbre en Glasgow, los gobiernos de varios países prometieron detener la construcción de centrales eléctricas de carbón y las entidades financieras prometieron no financiarlas. Dieciocho meses después, el carbón sigue siendo una de las fuentes energéticas más presentes. La invasión rusa de Ucrania desató una carrera por los combustibles fósiles que llevó a cerrar 2022 con un récord en el consumo de carbón.
Pese a que el problema energético ha ido desapareciendo, la demanda global de carbón va a aumentar ligeramente este año. Si se quiere reducir el calentamiento global a los 1,5ºC la producción de carbón debe descender más de dos tercios en la próxima década.
Desgraciadamente las proyecciones indican que apenas descenderá una quinta parte. Una de las razones para el optimismo tras la cumbre de 2021 fue la cantidad de compromisos asumidos por los mayores bancos del mundo, otros prestamistas e inversores. Más de 200 entidades financieras de occidente anunciaron políticas para restringir la inversión en minas de carbón, centrales termoeléctricas que queman carbón o cualquier otra iniciativa que tenga al carbón como fuente energética.
El problema es que mientras la demanda sea alta y se puedan generar beneficios siempre habrá alguien dispuesto a dar financiación ya sean entidades gubernamentales de países que queman carbón como India o China o empresas de capital privado.
¿Cómo podemos acabar con el carbón como fuente energética? La manera más eficiente es conteniendo la demanda. Si se consiguen hacer alternativas verdes más baratas y se promueve la inversión en energía nuclear se atenuaría el atractivo del carbón. Fijar correctamente el precio del carbón, aunque sólo sea en occidente reduciría la demanda global por los combustibles fósiles. Un arancel fronterizo que gravase las importaciones de productos manufacturados con energía proveniente del carbón u otras fuentes no renovables obligaría a los fabricantes a controlar las fuentes energéticas de su producción.
Todas son medidas difíciles de implementar políticamente porque encarecerían el coste para el consumidor y por ende resultarían impopulares para el electorado pero la realidad es que sólo encareciendo el precio del carbón se podrá acabar con él como fuente energética.