El Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Madrid Central e "inadmite a trámite" el primero de los recursos de casación presentados por Ecologistas en Acción para intentar salvar el área de bajas emisiones instaurado por Manuela Carmena.
El Ayuntamiento de Madrid, según declaraciones recogidas por 'Eldiario.es', ha hecho constar que sus servicios jurídicos continúan estudiando la sentencia, mientras que la Plataforma por la Defensa de Madrid Central y Ecologistas lamentan la decisión del TS, pues consideran que el Supremo no ha valorado trascendencia real "de una zona de bajas emisiones que ha ayudado a mejorar mucho la calidad del aire en la capital".
La propuesta de Madrid Central -aprobada el 5 de octubre 2018 por el Pleno del Ayuntamiento- ha sido invalidada haste en tres fallos distintos por el TSJM al admitir a raíz de las demandas por la el PP autonómico, la empresa DVuelta Asistencia Legal y la propia Comunidad de Madrid.
El TSJM alegó en su resolución la carencia de "una memoria económica justificada" fruto de una "omisión del trámite de información pública" para anular algunos artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que sustentaban el plan de Manuela Carmena.
Ante la decisión del Supremo de suspender la vigencia de este área de bajas emisiones "por defectos de forma", la única vía restante para tratar de salvar Madrid Central es el recurso al Tribunal Constitucional.
Esta decisión -de carácter retroactivo- pone sobre la mesa el debate sobre el pago de las sanciones y multas impuestas por el incumplimiento de las restricciones de tráfico fijadas por Ordenanza de Movilidad. Del mismo modo, comprometía las restricciones en sí, pero cabía contra ella un recurso de casación que ahora ha sido desestimado, dando por concluida de facto la vigencia de Madrid Central.
Martínez Almeida, alcalde de Madrid, aseguró en julio del año pasado que se devolvería a todos los conductores el importe de las multas impuestas por acceder a este área de bajas emisiones sin permiso, una cantidad que rondaba entonces los 36 millones de euros.
