La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para Carlo Ancelotti por haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) en su primera etapa como técnico del Real Madrid.
El fiscal lo acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública. A pesar de haber declarado oficialmente su residencia en España para asuntos fiscales y haber indicado que su domicilio se encontraba en Madrid, solo incluyó en sus declaraciones de impuestos las remuneraciones por su trabajo personal recibidas del Real Madrid.
Según el ministerio fiscal, el entrenador italiano omitió los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen, los cuales había cedido a otras entidades.
El escrito de acusación sostiene que Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato de trabajo como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016 “especificándose en su remuneración para ese periodo, además de unos rendimiento de trabajo, unos rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club”.
Es más, precisa que desde el mes de julio de 2013 el acusado pasó a trabajar y residir en España, fijando como su domicilio y residencia habitual un inmueble situado en una céntrica plaza de Madrid.
Sin embargo, cuando el técnico cesó de forma “anticipada” su relación con el Real Madrid el 25 de mayo de 2015, tuvo la vivienda arrendada hasta octubre de ese año por lo que durante 2015 “España fue su centro principal de relaciones personales e intereses económicos”.
La Fiscalía subraya que “con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen” tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por eventos varios, el técnico acudió a un “complejo” y “confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.
Ancelotti, según la Fiscalía, firmó el 1 de julio de 2013 un contrato privado en el que cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de diez años y un precio de 25.000.000 euros.
Un día más tarde la entidad nombra como su apoderado al técnico del Real Madrid “otorgándole los máximos poderes de actuación para gestionar sus derechos de imagen”. Más tarde, en una fecha sin especificar, se formalizó un anexo al acuerdo que modificaba el plazo de duración del acuerdo reduciéndolo a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen rebajándolo a un millón de euros.
El 4 de julio de 2013, al mismo tiempo que firmaba su contrato como entrenador del Real Madrid, el acusado suscribió un acuerdo privado con el club. Según este acuerdo, cedía el 50% de sus derechos de imagen a la entidad deportiva desde el 5 de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2016.
La otra mitad pertenecía a una sociedad no identificada que actuaba en nombre y representación del entrenador italiano. Posteriormente, se reveló que esta sociedad era Vapia LLP, con sede en Londres, y no Vapia Limited, una entidad establecida en las Islas Vírgenes. Esta discrepancia no fue comunicada al Real Madrid hasta un año después.
La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos por importe de 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015 sin que Ancelotti o las otras dos entidades hayan tributado por estas cantidades.