Información personal cedida voluntariamente en páginas web o datos públicos de actividad en redes sociales podrán ser empleados por partidos políticos para crear bases de datos a las que enviar su propaganda electoral, tras la aprobación de la nueva ley de protección de datos que ha salido adelante este miércoles con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos en el Senado.
La modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales abre de esta forma la puerta al envío de propaganda no solicitada mediante el uso de datos no cedidos con ese fin, una actividad ilegal para el resto de organizaciones y empresas de acuerdo a la misma ley, así como el rastreo de la actividad de usuarios de redes sociales para crear perfiles ideológicos.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sin embargo, ha matizado que "el proyecto sólo permite, conforme al Considerando 56 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, la recopilación por parte de los partidos políticos de datos personales relativos a opiniones políticas para obtener información que les permita pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas electorales".
La Unión Europea aprobó en mayo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que obligaba a las empresas a salvaguardar con mucho más ahínco la información personal de sus clientes. Esta medida llegó como respuesta a la creciente polémica por el uso de información personal cedida a webs y redes sociales por terceros con fines políticos.
El caso que recibió una mayor atención mediática en este asunto fue el de Cambridge Analytica, que obtuvo sin permiso datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook que posteriormente fueron utilizados para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.
El grupo parlamentario de Unidos Podemos, que votó en contra de la modificación de la ley en el Senado, anunció el miércoles por la mañana que acudiría al Tribunal Constitucional en el caso de que se aprobara íntegra la Ley Orgánica de Protección de Datos, como finalmente ha ocurrido.
"Resultaría muy peligroso que los partidos políticos tuvieran vía libre, sin previa autorización, para contactar con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, realizar perfiles ideológicos y, además, almacenarlos posteriormente en bases de datos", indicó Podemos, a través de un comunicado.
