MADRID, 17 (Reuters/EP)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado este viernes al Estado de Venezuela responsable de tortura y violencia sexual contra la venezolana Linda Loaiza López Soto, quien fue secuestrada y sometida a violaciones hace más de 17 años, por lo que ha decretado diversas medidas de reparación para la víctima.
La mujer padeció un calvario que comenzó en marzo de 2001, cuando con 18 años fue secuestrada, violada y brutalmente agredida durante cuatro meses, tiempo que se prolongó durante los años en que batalló para que su captor fuera condenado por los tribunales de su país.
Tras ser rescatada por efectivos de la Policía y del cuerpo de Bomberos, pasó hospitalizada un año con la mandíbula y las costillas fracturadas y tuvo que ser operada 15 veces para la reconstrucción de su rostro y genitales.
Su agresor fue absuelto en un primer juicio y finalmente condenado en 2006 a seis años y un mes de cárcel por privación de libertad y lesiones, pero fue declarado inocente de violación y tortura.
"El Tribunal concluyó que el Estado violó, en perjuicio de Linda Loaiza López Soto, los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", ha establecido la Corte en un comunicado.
"En cuanto a los familiares de la Sra. López Soto, la Corte concluyó que, debido a la incertidumbre y al trato que recibieron, el Estado violó su integridad personal", ha añadido.
También ha mencionado que el Estado fue responsable al proporcionar una reacción insuficiente y negligente por parte funcionarios públicos que tenían conocimiento del caso.
Entre las medidas de reparación, la Corte ha ordenado seguir investigando y sancionar a los responsables por los delitos de tortura y violación, para que las víctimas cuenten con garantías de seguridad, y determinar responsabilidades de funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido a la mujer venezolana.
También ha sentenciado a Venezuela otorgar a la víctima una beca de estudios para que pueda concluir con su formación profesional y "reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del presente caso".
Este es el primer caso de violencia sexual en Venezuela que llega a la Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica.