MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Asociaciones provida han calificado de "fracaso" el incremento de casi un 2% de los abortos en España y han criticado que el Gobierno "vende" una "estabilización". Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a lo largo de 2018, abortaron un total de 95.917 mujeres.
La coordinadora de la plataforma Derecho a Vivir, Rosana Ribera, ha calificado de "escandalosas" las cifras de abortos en España, ha pedido "no vanagloriarse" de estos datos y ha subrayado que los abortos son "la primera causa de muerte no natural".
"España no se puede, de ninguna manera, vanagloriar de la 'tendencia a la estabilización', en palabras del Gobierno, ante la muerte de cerca de 96.000 niños abortados en 2018", ha declarado a Europa Press, añadiendo que los sucesivos gobiernos deben "penar por la muerte de miles de niños españoles abortados".
Además, ha reclamado a los responsables políticos que "dejen clara su postura ante la defensa de la vida" y ha denunciado que "los empresarios del aborto se siguen lucrando con este drama social". Derecho a Vivir apuesta por poner en marcha "alternativas al aborto", empezando por "enseñar a la mujer la imagen ecográfica" y por "no bajar el sonido del ecógrafo".
Por su parte, el director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, ha calificado de "fracaso" el incremento de los abortos en España y ha criticado que el Gobierno "vende" una "estabilización" de los datos cuando, a su juicio, "se está convirtiendo en un método anticonceptivo".
"Los datos de los abortos en 2018 nos muestran un doble fracaso: Por un lado, de las políticas de salud y concienciación del Gobierno, que ha permitido el incremento en su número, que asciende hasta los 95.917 (unos 263 al día) inocentes, y, por otro, que se estén normalizando estas cifras, que ya suponen alrededor de una cuarta parte respecto al número de nacimientos en nuestro país (391.265 en 2017)", ha indicado Javier Rodríguez en declaraciones a Europa Press.
En concreto, el director del Foro de la Familia ha destacado el "mayor aumento entre las mujeres jóvenes en edad universitaria" que demuestra, a su juicio, que "lejos de estabilizarse, como vende la ministra, se está convirtiendo en un método anticonceptivo usado demasiado a la ligera".
Por su parte, el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, se ha mostrado "impactado" por el número de abortos en menores de 20 años, un total de 9.828 interrupciones, 73 más que en 2017. "Casi 10.000 adolescentes, es muy alarmante que se vean abocadas al aborto por problemas económicos, por presión de su pareja o del entorno", ha puntualizado a Europa Press.
AYUDAS "EFECTIVAS" A EMBARAZADAS EN SITUACIÓN VULNERABLE
Ante este aumento de los abortos, que ha calificado como un "fracaso de la sociedad", considera que es importante "tomar medidas" y apela al Gobierno para que impulse "ayudas reales y efectivas a mujeres sin recursos, para que puedan seguir adelante con su embarazo y que haya programas de información sobre la realidad de lo que supone el aborto y de las ayudas que hay disponibles".
También ha propuesto "intensificar la formación en colegios y universidades" para "concienciar sobre cómo es el comienzo de la vida humana y el desarrollo embrionario" y para "transmitir que la maternidad no es una condena y que, aunque sea temprana, se puede llevar adelante".
Asimismo, la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, ha lamentado el incremento del número de abortos en España, unos datos que, a su juicio, reflejan "un fracaso de la protección que el Estado ofrece a las mujeres embarazadas con dificultades".
En este sentido, ha precisado en un comunicado que "la mujer embarazada sigue estando discriminada en la sociedad" porque "mientras el Estado gasta más de 34,5 millones de euros en costear el aborto, la inversión en ayudas a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad a causa del embarazo apenas llega a los 4 millones de euros --según el estudio Mapa de la Maternidad que Redmadre--".
Así, Fundación Redmadre ha pedido a las Administraciones Públicas que elaboren "políticas eficaces de apoyo a la maternidad que presten especial atención a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad".