MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Plena Inclusión España estima que 140 personas con discapacidad intelectual han fallecido víctimas del coronavirus desde el inicio del confinamiento decretado por el Gobierno, y 1.828 han resultado contagiadas en sus centros residenciales.
Así lo ha dado a conocer este martes la confederación que agrupa a 935 asociaciones que defienden los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad intelectual, Trastorno del Espectro Autista (TEA) y parálisis cerebral.
En este sentido, Plena Inclusión calcula que la compra de Equipos de Protección Individual (EPIs) para preservar del contagio de COVID-19 a una persona en un centro residencial, supone un desembolso diario de 2,80 euros.
Así, la entidad ha puesto de relieve que, al multiplicar esta cifra por 21.250 (17.000 personas con discapacidad intelectual y 4.250 profesionales que les atienden) resulta un gasto diario de 59.500 euros para atender al millar de centros residenciales (residencias y pisos tutelados) que el movimiento asociativo coordina.
"Estimamos un gasto total a la semana de 416.500 euros para proteger de la pandemia a las personas con discapacidad intelectual y los profesionales que están, desde hace seis semanas, en los mil centros residenciales que gestionamos en toda España", ha declarado el presidente de la organización, Santiago López.
Además, ha reclamado ayuda "urgente" a las administraciones públicas para comprar material como mascarillas, batas, calzas, gorros, guantes y gel hidroalcohólico. "También queremos visibilizar el inmenso esfuerzo que están realizando profesionales y las familias en un periodo tan difícil", ha subrayado López.
Por otro lado, Plena Inclusión y su patronal AEDIS han exigido que las comunidades autónomas, que son la administración con competencia en servicios sociales, reconozcan a los servicios de apoyo en Centros Ocupacionales, Centros de Día y de Atención Temprana como parte de los servicios esenciales y "les garanticen el apoyo económico que les corresponde".
"Nos preocupa la decisión adoptada por algunas comunidades autónomas de suspender los contratos de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo", ha afirmado Bernabé Blanco, presidente de AEDIS.
En este punto, ha reclamado a las administraciones públicas que "no dejen en una situación de abandono e inseguridad jurídica a entidades sociales que hacen una contribución esencial para las vidas de cientos de personas en situación de gran vulnerabilidad".
"Respecto a los servicios sociales, se debería seguir el ejemplo del ámbito educativo donde no se han resuelto estos convenios", ha subrayado el presidente de AEDIS.
Por último, Plena Inclusión solicita al Gobierno que, "respetando" las competencias de las comunidades autónomas, "genere directrices de actuación y supervise que la transferencia de fondos se destine al refuerzo de los sistemas de servicios sociales".