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Jóvenes con discapacidad intelectualFUNDACIÓN ONCE

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Plena Inclusión España ha lamentado este lunes que el ingreso mínimo vital no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable. En este sentido, critica que el Gobierno no ha contemplado su propuesta de la consideración para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como 'unidad de convivencia' independiente de su grupo familiar.

"Resulta fundamental que sean 'unidad de convivencia especial' porque de lo contrario su situación de pobreza quedaría enmascarada por la suma de los ingresos de sus familias. En la mayoría de los casos, la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo resulta invisible de cara a las ayudas", ha señalado el presidente, Santiago López.

En su opinión, esa situación "les condena a una dependencia perpetua de sus familias", algo que ha transmitido al Gobierno en repetidas ocasiones.

"Existe una relación directa entre discapacidad y pobreza por la que debería considerarse a este colectivo entre los especialmente vulnerables", sostiene Plena Inclusión, para después añadir que una de cada tres personas en riesgo de pobreza y/o exclusión tiene alguna discapacidad, una cifra siete veces superior al resto de la población, de acuerdo a la Tasa Arope.

Según ha criticado, el decreto "no recoge las propuestas de las personas y las familias manifestadas por Plena inclusión al Gobierno de Pedro Sánchez". Además, ha apuntado que privación material severa de las personas con discapacidad es un 3,4% superior a las de las personas sin discapacidad.

En las propuestas presentadas al Gobierno, solicitaba alguna medida que compensara los sobrecostes añadidos generados por la atención a una situación de discapacidad en la línea del "complemento de monoparentalidad" que sí recoge la ley.

Desde Plena Inclusión preocupa la eliminación de la prestación de hijo a cargo para familias con hijos con una discapacidad inferior al 33%. "Esa medida supone reducir prestaciones para un grupo importante de familias, siendo además dicha frontera del 33%, una realidad dinámica y en ocasiones de dudosa fiabilidad", recalca Santiago López.

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