Organizaciones sociales instan a las administraciones a promover una compra pública alimentaria "saludable y sostenible"

Según han indicado los promotores del documento en un comunicado, recabarán adhesiones ciudadanas y más organizaciones durante las próximas semanas, antes de presentarlo formalmente a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y a los representantes del Gobierno Autonómico.

"Miles de ciudadanos y ciudadanas comen todos los días en los servicios públicos madrileños como un colectivo cautivo sin apenas alternativas de elección, pese a que requieren una especial atención alimentaria al tratarse de niñas y niños en edad de crecimiento, personas hospitalizadas, mayores en centros de día y/o población en riesgo de exclusión social", exponen.

Asimismo, señalan que "las administraciones madrileñas, además de cumplir con el derecho humano a la alimentación, tienen la oportunidad de garantizar una alimentación saludable y sostenible en los espacios bajo su gestión".

El manifiesto por una compra pública alimentaria sana y sostenible va acompañado de una campaña en Change.org que insta a los grupos de la Asamblea de Madrid a desarrollar las iniciativas legislativas necesarias para promover la compra pública con criterios de sostenibilidad, salud y desarrollo rural.

También solicitan al Gobierno regional y a sus departamentos de Educación, Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Economía que incorporen la participación de todos los actores implicados en la producción, transformación y consumo de alimentos, así como a profesionales e instituciones independientes de la nutrición y la salud pública.

El manifiesto destaca el "potencial transformador de la compra pública alimentaria a favor de sistemas alimentarios respetuosos con las personas y con el medio ambiente, una oportunidad que no se debe desaprovechar".

Entre los colectivos que lo promueven se encuentran la Plataforma Ecocomedores Madrid, la Cooperativa Garúa, CECU Madrid (Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid), las ONG Seo Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra Madrid, Justicia Alimentaria; AGIM COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos); AUPA (Asociación Unida de Productores Agroecológicos), AMASAP (Asociación madrileña de salud pública), OCT (Observatorio Cultura y Territorio) y la FAPA Giner de los Ríos.

El secretario de AMASAP, Gustavo Zaragoza, ha subrayado la importancia de que los escolares tengan acceso a una alimentación variada y equilibrada, porque contribuye a prevenir la obesidad, uno de los grandes problemas de salud en la infancia y en la edad adulta.

Por su parte, la Secretaria General de AGIM COAG, Ivanna Martínez, ha defendido que apostar por la compra pública de alimentos de proximidad, acortando el número de intermediarios entre producción y consumo (circuito corto), contribuye a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y a fijar población en el entorno rural.

Además, en palabras de la socia fundadora de AUPA Nieves Pérez, "la inversión en compra de alimentos producidos en la propia Comunidad de Madrid facilita nuevos emprendimientos en el sector agroalimentario regional y ofrece oportunidades para empresas de economía social y solidaria, (ESS) que producen con criterios éticos y sostenibles".

La directora de CECU Madrid, Itziar Marín, ha destacado que "los ciudadanos son cada día más conscientes de los alimentos que consumen no solo por salud pero también desde la responsabilidad, buscando la sostenibilidad desde producción hasta que llegan a su casa".

El responsable en Madrid de Amigos de la Tierra, Lawrence Sudlow, ha presentado el consumo de alimentos de proximidad, frescos o ecológicos (sin pesticidas ni fertilizantes químicos) como una buena herramienta para frenar el cambio climático.

En este sentido, el portavoz de Ecologistas en Acción Madrid, Andrés Couceiro, ha apuntado que "la Unión Europea en su Compra Pública Verde ya insta a los gobiernos nacionales a establecer un porcentaje mínimo de alimentos de producción ecológica en los servicios contratados, además de otros aspectos medio ambientales".

La Coordinadora en Madrid de Justicia Alimentaria, Tamara Montero, ha destacado que las administraciones españolas gastan en compra pública de alimentos entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales en servicios de restauración y suministro de alimentos.

El coordinador del proyecto Alimentar el cambio de la Cooperativa Garua, Abel Esteban, ha puesto de manifiesto que "cada vez más comunidades autónomas y ciudades promueven estas pautas de compra pública alimentaria bajo criterios de sostenibilidad social y ambiental, principalmente en restauración escolar".

La portavoz de la Plataforma Ecocomedores Madrid, Isabel Fernández Cruz, ve en la compra pública de alimentos saludables y sostenibles la posibilidad de que se desarrolle la Propuesta No de Ley que todos los grupos de la Asamblea de Madrid aprobaron por unanimidad en 2016 y que proponía fomentar el consumo de alimentos de temporada, proximidad y /o con certificación ecológica en los servicios de restauración colectiva en la Comunidad.

Por todo ello, el próximo 29 de noviembre se celebrarán unas Jornadas de diálogo sobre Compra Pública Alimentaria en la Comunidad de Madrid, entre representantes políticos madrileños y representantes de los sectores más afectados por la misma. Será en la Casa de Vacas a las 18.00 horas.