MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Las siete organizaciones sociales que forman parte de la red euroafricana Migreurop en España han registrado en el Ministerio del Interior un decálogo con sus propuestas en materia migratoria y de protección internacional para garantizar los derechos humanos. Entre ellas, exigen la supresión de la disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como Ley Mordaza-- que regulariza las devoluciones sumarias de migrantes en frontera, práctica conocida como devoluciones 'en caliente'.
Tras acudir al registro del Ministerio del Interior, el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha mostrado su preocupación tras el posicionamiento del ministro Fernando Grande Marlaska, quien, a su juicio, ha expresado "una línea de gestión de las migraciones y fronteras que no parecen en consonancia con lo que se planteó durante la campaña electoral por los dos partidos que configuran el actual Gobierno de España", en referencia al PSOE y a Unidas Podemos.
Respecto a las devoluciones sumarias que fueron regularizadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, estas entidades ha recordado que el propio PSOE recurrió ante el Constitucional esta medida, que también se comprometió a derogar. "Generaría una enorme contradicción que fuese una praxis utilizada por un Gobierno cuando quienes lo configuran, en su momento, se manifestaron en contra", ha defendido Morales.
Aunque la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya avalado esta práctica en el caso de dos migrantes que saltaron la valla de Melilla en 2014, desde las entidades han destacado que el tribunal "no duda" de que España "tiene unas obligaciones" hacia las personas que "pisan suelo español".
En cualquier caso, estas entidades sociales están preocupadas por el posicionamiento mantenido por el Gobierno con relación al fallo del TEDH y han rechazado que pueda ser utilizado para legitimar y blindar las devoluciones sumarias en las fronteras de España.
Por este motivo, han elaborado un decálogo de propuestas concretas que mejoren el enfoque de las políticas migratoria, tanto sobre la gestión y externalización de fronteras, el principio de no devolución, Salvamento Marítimo, Ceuta y Melilla, la regularización de personas migrantes, las expulsiones e identificaciones por perfil racial, los CIEs y CATEs, la infancia migrante no acompañada y los delitos y discursos de odio.
Andalucía Acoge es una de las siete organizaciones españoles que forman parte de Migreurop, junto a Red Acoge, Federación de Sos Racismo, CEAR, Irídia, la Asociación Elín, y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Lo que estas entidades reclaman a Interior es que se garanticen los derechos humanos en las fronteras y que las personas que acceden a suelo español tengan "asegurada" una asistencia jurídico para pedir asilo, "independientemente" de que entren de manera irregular.
Para estas ONG, la gestión actual de las fronteras mantiene un enfoque securitización de las fronteras, frente a la protección de la vida. Según ha recalcado la directora de Red Acoge, Lucía Maquieira, esta praxis es contraria al acuerdo del Ejecutivo, al tiempo que ha pedido "trabajar en base a un enfoque de los derechos humanos".
Desde Irídia, Andrés García ha abogado por avanzar "para generar un modelo más flexible" para que los migrantes puedan acceder a un permiso de residencia, ha defendido la necesidad de prohibir "cualquier tipo de identificación" por perfil racial y ha dicho que "se ha de trabajar por generar una modernización de los cuerpos policiales".
En esta línea, las ONG abogan por "eliminar cualquier medida que pueda ser lesiva para las personas" en las fronteras, en referencias a las concertinas que se están suprimiendo en la valla fronteriza de Melilla y Ceuta. Eso sí, ha rechazado que se pongan estas cuchillas en el lado marroquí de la valla "pagadas con fondos europeos". "No vale de nada quitarlas de un sitio para que aparezcan en lado contrario", ha remarcado.
"Un Gobierno está para crear un modelo de sociedad que garantice los derechos humanos y la seguridad jurídica para cualquier persona", sostienen. Al respecto, García ha defendido que existe un mayoría en el Congreso para "generar un modelo respetuoso" con los derechos y ha avisado de que si se hace lo contrario "el discurso del odio y del miedo" penetrará en el arco parlamentario.
Entre sus propuestas está el garantizar vías legales y seguras de acceso al territorio, la finalización de acuerdos "de externalización de fronteras" con Marruecos y otros países de África, y facilitar el trabajo de organizaciones y equipos de rescate que tratan de salvar vidas en el mar.