MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
ONG de inmigración han celebrado la decisión del Gobierno de prorrogar durante seis meses de forma automática las autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros que venzan durante el Estado de Alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Eso sí, siguen reclamando "un paso más" y que se proceda a la regularización de las personas que están en situación administrativa irregular en España.
Diversas organizaciones por la defensa y apoyo a migrantes consultadas por Europa Press sostienen que la medida es "positiva" y beneficia a muchas personas, si bien remarcan que "deja fuera" a un colectivo "muy vulnerable" de personas indocumentadas.
La medida, que se ha recogido en una orden ministerial este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha adoptado con la intención de terminar con la inseguridad jurídica que la crisis actual provoca entre los extranjeros que residen y trabajan en España y para evitar que puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida. La prórroga se realiza además automáticamente, sin necesidad de emitir una resolución individual para cada una de ellas en la Oficina de Extranjería.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la secretaria general, Estrella Galán, ha calificado de "gran noticia" esta medida, aunque ve "necesario" que el Ministerio del Interior haga lo mismo con los solicitantes de asilo a los que les ha caducado su documentación durante el Estado de Alarma.
Asimismo, Galán ha incidido en que "hay que dar un paso más y poner el foco en todas las personas que se encuentran en situación irregular y, por tanto, desprotegidas en plena pandemia". Según la representante de CEAR, existen "figuras legales", como la regularización por circunstancias excepcionales, "que pueden ser aplicadas" en una situación de crisis como la actual.
"Debemos ser conscientes de la importancia de garantizar los derechos de todos lo que se encuentren en territorio español porque su seguridad también es la nuestra", ha declarado al respecto.
"SOLUCIONA UN PROBLEMA, Y SIN BUROCRACIA"
Por su parte, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) también ha celebrado la iniciativa del Ejecutivo porque "va a tener un impacto muy positivo en muchas personas que llevaban viviendo semanas de angustia e incertidumbre".
Así lo ha manifestado a Europa Press el abogado de la entidad Diego Fernández-Maldonado, quien ha saludado esta orden ministerial que, a su juicio, "soluciona, y además sin burocracia" la inseguridad jurídica de muchos ciudadanos extranjeros, también de aquellos a los que, estando fuera de España, les caducaba su residencia legal en este periodo de alarma.
Eso sí, ha advertido de que la Administración deberá estar "reforzada" una vez finalice el periodo de prorroga de seis meses, que arranca a partir de la finalización del Estado de Alarma. Según Fernández-Maldonado, la alarma previsiblemente acabará en junio, así que en diciembre de 2020 el Gobierno deberá contar con toda la estructura necesaria para proceder a las subsiguientes renovaciones.
En cualquier caso, sostiene que la iniciativa "va a beneficiar a mucha gente". Si bien, ha advertido de que "hay algunos grupos que siguen sin ver afrontada su situación, como es esa bolsa de población en situación irregular".
En esta misma línea se ha pronunciado la federación Red Acoge, que ve "un avance" en la medida porque "en el corto plazo frena la irregularidad sobrevenida". Sin embargo, fuentes de esta entidad han apuntado a Europa Press que "no es suficiente" ya que "todavía quedan muchas personas en situación de vulnerabilidad" al estar "excluidas de las medidas que se están adoptando" por parte del Gobierno.
"Son personas que sí se quedan atrás. Ni las medidas sociales ni económicas adoptadas por el Gobierno las incluyen porque ya antes estaban excluidas", han remarcado desde Red Acoge, instando a "garantizar los derechos de todas las personas migrantes y refugiadas, con independencia de su situación administrativa".
CAMPAÑA #REGULARIZACIÓNYA
Ante la pandemia del COVID-19, unas 1.100 ONG se han sumado a la campaña #RegularizaciónYa que reclama al Gobierno la regularización de migrantes en situación irregular. También CEAR impulsó una petición para pedir esa regularización y extraordinaria urgente, que ha sido apoyada por más de 200 organizaciones --el SJM entre ellas-- y por 40.000 personas.
Además, varios grupos parlamentarios como ERC o Podemos, socio de Gobierno, han hecho esta petición al Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo lleva un tiempo eludiendo este asunto y, de hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migranciones, José Luis Escrivá, señaló ayer en el Senado que esta regularización no se permite en el marco europeo.
Preguntado al respecto, el abogado del SJM ha explicado que el Reglamento de Extranjería español sí prevé distintas herramientas para proceder a una regularización de determinados colectivos. "Lo que se necesita es voluntad política para encuadrarla en los preceptos que tenemos y para armar todo el árbol burocrático", ha señalado a Europa Press.
En este sentido, ha recordado que el reglamento prevé un proceso específico para la regularización de perfiles específicos, que es el mecanismo que, por ejemplo, ya se utilizó para regularizar a deportistas profesionales; o también la regularización por circunstancias excepcionales. Ambas, a juicio del abogado, "pueden encajar perfectamente" en la situación de crisis actual.
Desde la campaña #RegularizaciónYa, que también ha exigido al Gobierno que contemple a los migrantes en situación irregular como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, estiman que existen entre 600.000 y 800.000 personas 'sin papeles' en España.
El cálculo, que no es oficial, resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia arrojados por el Observatorio de la Inmigración, según han precisando a Europa Press desde la campaña.
Para Red Acoge, debido a circunstancias de naturaleza económica, social y laboral como consecuencia del COVID-19, se debe garantizar que todas las personas "puedan acceder a autorizaciones de residencia y trabajo, así como "el acceso a las medidas inmediatas de alivio económico y de protección social".
También reclama "una ayuda de emergencia necesaria para todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que no están pudiendo hacer frente a sus necesidades básicas" y la puesta en marcha de una renta mínima de carácter estatal que llegue a todas las personas en situación de vulnerabilidad.