MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Cerca de la mitad de las aguas superficiales y subterráneas están "en mal estado ecológico" y los humedales más importantes están "en mal estado", según alertan las organizaciones Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF piden al Gobierno que adopte "medidas de acción inmediata" para cambiar la gestión y la planificación del agua en España, cuya realidad es "preocupante".
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, entre otras, reclaman medidas como descartar la construcción de más infraestructuras hidráulicas, moratorias a nuevos regadíos y concesiones de agua y mejoras en el control del uso ilegal de agua.
Además, piden al Gobierno que muestre su "compromiso" con una "verdadera transición ecológica" en materia de agua, porque en la actualidad, su gobernanza no ha asumido los "nuevos retos sociales, climáticos y ambientales", por lo que exigen que se ajuste a la racionalidad económica, la protección de los ecosistemas y la participación pública real y activa.
"España se enfrenta a una realidad sin precedentes en su historia reciente que afecta a todo el territorio", alertan las ONG que denuncia que los caudales ecológicos siguen ausentes pese a que ese es un elemento fundamental para asegurar la conservación de los ecosistemas acuáticos, que están "cada día más agravados" por los efectos de la crisis climática.
Asimismo, denuncian también el "nulo interés" del Gobierno por replantear el modelo y cumplir con los principios básicos de la Directiva Marco del agua y concluye que el resultado de la "tradicional" política hidráulica se muestra en el "colapso ambiental" que sufren algunos humedales más importantes del sur de Europa, como Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o el Mar Menor.
Otro de los ejemplos que apuntan del colapso ambiental e hídrico es la cuenca del Tajo, donde el trasvase ha "cronificado" el deterioro ambiental, el desarrollo de los pueblos ribereños, así como la conservación de espacios protegidos de la Red Natura 2000.
En cuanto a la cuenca del Duero, subrayan que más de la mitad de sus aguas superficiales y subterráneas tienen "graves" problemas de contaminación por nitratos; que la cuenca del Ebro, con 167 embalses y 2.455 presas, azudes y diques, no cumple el régimen de caudales ecológicos y la llegada de sedimentos al mar mientras apuesta de forma masiva por nuevos regadíos.
De la cuenca del Guadiana, lamentan la sobrexplotación de 11 de las 20 masas de agua de la cuenca y al menos 42 espacios de la red Natura 200 sufren, así como cuatro humedales de la Ramsar de Importancia Internacional.
En la cuenca del Segura, que recibe el trasvase del Tajo, la política agraria expansiva e intensiva en el Campo de Cartagena que ha sobredimensionado el sector y provocado un descontrol sin precedentes en el uso excesivo de agua y fertilizantes.
Por ello, en el marco de la revisión que se está realizando de los planes de cuenca las ONG entienden que el Gobierno, y especialmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tienen la "oportunidad" de demostrar su "verdadero compromiso" con la transición hídrica y la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
"Es urgente e inaplazable un giro profundo hacia otro modelo que asuma el principio de precaución en la gestión del agua y reduzca la presión sobre los recursos hídricos", insisten.
Entre sus recomendaciones, solicitan al MITECO que de forma "urgente" fije un calendario para descartar, detener y revertir todas las infraestructuras hidráulicas programadas contrarias a la transición ecológica, como trasvases y embalses, entre ellas los trasvases del Tinto-Odiel-Piedras a Doñana y el trasvase Siurana-Riudecanyes, los pantanos de Mularroya, Biscarrués, Alcolea y el recrecimiento del embalse de Yesa.
También le instan a diseñar el camino para una desconexión gradual del trasvase Tajo-Segura y a reevaluar al viabilidad ambiental, social y económica de estas infraestructuras con la participación ciudadana.
Igualmente, piden una moratoria a los nuevos regadíos y concesiones de agua, e iniciar una evaluación ambiental y socioeconómica de la efectividad de las intervenciones llevadas a cabo en el periodo 2000-2020, porque "el mal estado de las masas de agua no permite el establecimiento de nuevas hectáreas de regadío".
Otra de sus propuestas es la creación de un fondo de urgencia para incrementar el control y la eliminación del uso ilegal del agua, incorporando las nuevas tecnologías.