Murcia reclamará judicialmente los 85 millones que el Gobierno le debe por el IVA de 2017

Así lo ha hecho saber el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en sendas ruedas de prensa en las que han abordado también el requerimiento del Ministerio de Hacienda a la Región por superar el periodo máximo de pago a proveedores. Según sus estimaciones, Hacienda retendrá unos 100 millones de euros de las entregas a cuenta a la Comunidad para pagar directamente a los proveedores.

De momento, López Miras ha señalado que no se han puesto en marcha las negociaciones entre la intervención general de la Comunidad con los técnicos del Ministerio de Hacienda para fijar la cuantía. Sin embargo, ha criticado que el Gobierno regional "no sale del estupor, de la sorpresa y de la incredulidad sobre cómo se puede maltratar tanto a una Región simplemente por no ser del mismo signo político que el Gobierno central".

Ha añadido además que si el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos hubieran pagado a la Región de Murcia "lo que le debe, los 85 millones de IVA de 2017", no se daría esta situación.

Por eso, además de la "incredulidad", ha afirmado que llevarán a los tribunales al Gobierno central y al Ministerio, porque tiene 85 millones de euros "que ya han pagado los murcianos". "Eso, desde luego, tiene que arreglarse, y si no lo van a hacer como corresponde y atendiendo a la ley, tendrá que ser un juez el que se lo diga", ha señalado el presidente murciano.

Celdrán ha señalado que el retraso en el pago a proveedores que da pie a esta medida sucedió en agosto y septiembre de 2019, por lo que el Gobierno central "ya lo sabía en el pasado mes de noviembre pero la penalización se aplica un día después de aprobar los Presupuestos", algo que cree que "no es casualidad", sino que intenta "generar desestabilidad".

SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL

López Miras también se ha referido a la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que ha declarado nula una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad, del ejercicio 2019, impidiendo que el Ejecutivo murciano pague los atrasos de 2013 y 2014 a los funcionarios, al no cumplir los objetivos de déficit.

En este sentido, López Miras ha admitido que la Comunidad "acatará" esta decisión, pero ha lamentado que el PSOE y el Gobierno central "no están de acuerdo con que la Región de Murcia le paguemos a los funcionarios aquello que se les recortó durante la crisis y que se le debe a los funcionarios de la Región", ya que "nos han denunciado al Tribunal Constitucional".

"No han mostrado, además, ninguna voluntad de diálogo porque estas cosas se negocian, se hablan, se dialogan y se consensuan en mesas que haya al efecto entre las comunidades autónomas y los ministerios", según López Miras, quien critica que el Gobierno central "ha querido denunciarnos directamente por haber devuelto a los funcionarios las pagas que no se les dieron durante la crisis".

Celdrán, por su parte, ha reconocido que esta sentencia del Tribunal Constitucional es una "mala noticia" para la Región, aunque ha ratificado que la Comunidad la va a acatar, "como no puede ser de otra forma".

Ha coincidido con López Miras en que "no nos dan la razón sobre un asunto que no se cerró con el suficiente diálogo", ya que el Gobierno de España, a través de la comisión bilateral que se conforma una vez que hay una discrepancia, cerró de manera unilateral el diálogo con la Región "y nos enteramos por prensa, de manera muy triste".

"Yo creo que el Gobierno regional ha ofrecido la máxima lealtad al Gobierno de Pedro Sánchez, compatibilizándolo con el derecho legítimo de defender los intereses de millón y medio de murcianos", según Celdrán. A cambio, critica que "venimos recibiendo, muy especialmente en los últimos meses, desprecio y deslealtad".

Se trata, añade, de un "desprecio institucional", y ha puesto como ejemplo la última visita de Pedro Sánchez a la Región, cuando no "quiso" reunirse con López Miras; o la aprobación de dos trasvases 'cero' y "un trasvase con menos cantidad del que dicen los propios técnicos, contradiciendo los criterios técnicos y perjudicando a la Región de Murcia".

Como consecuencia, cree que el Gobierno murciano tiene que "actuar" y, como ha pedido López Miras, "ya estamos trabajando con todas las herramientas que nos ofrece el ordenamiento jurídico para defender el interés de los murcianos". En concreto, ha asegurado que el Gobierno murciano estáestudiando " vías legales, administrativas y jurídicas para reclamar, en primer lugar, que nos paguen el IVA de 2017 que nos deben, 85 millones de euros".

"Esto es muy grave, porque son 85 millones de euros de todos los murcianos y que constaba en nuestros Presupuestos", según el consejero, quien reprocha que esta medida "ha creado más déficit a la Comunidad y más retraso en el pago a los proveedores".

Además, reprocha que "nos han quitado otros 18 millones de euros adicionales en la liquidación de las entregas a cuenta de 2019". Estos 104 millones de euros adeudados "generan grandes problemas para una comunidad con las tensiones y las dificultades financieras que tiene Murcia", tal y como ha aseverado Celdrán.

En este sentido, ha confirmado que el Gobierno murciano va a exigir al Ministerio "que compensen los gastos que ha supuesto tener que acudir a préstamos para hacer frente a las tensiones de tesorería". Asimismo, va a exigir "que dejen de penalizarnos escudándose en la Ley de Estabilidad presupuestaria por el incumplimiento de unos condicionantes a los que hemos llegado, precisamente, por el incumplimiento del Gobierno de España".

Al ser preguntado por el efecto de esta decisión, Celdrán ha confirmado que los funcionarios "no tienen por qué devolver" las cantidades de la extra de 2013 que la Comunidad ya les abonó.

"Lo que está claro es que la sentencia nos impide pagar lo que nos queda pendiente en este ejercicio, lo que ya causa un perjuicio a los funcionarios", según Celdrán, quien espera que el dinero que el Gobierno central retendrá para pagar a los proveedores tampoco tengan ninguna influencia en los funcionarios".