MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia contra los niños, Marta Santos Pais, ha avisado de que la reforma legal sobre la prescripción de los delitos de abuso a menores "no reemplaza" la prevención.
El Gobierno está barajando la posibilidad de hacer que estos delitos sean "imprescriptibles", pero también está estudiando si aumentar el plazo de prescripción para que empiece a contar cuando la víctima cumpla 30 o 50 años. Actualmente se cuenta cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
En una entrevista con Europa Press, Santos ha saludado la iniciativa del Gobierno, que está estudiando si abordar este cambio legal en el anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, o bien directamente en el Código Penal, en el marco de la revisión de los delitos sexuales que se está llevando a cabo.
"Sabemos que las víctimas de abusos sexuales tardan tiempo para reunir el coraje, la fuerza y la capacidad para contar su historia", ha dicho, lamentando que existen legislaciones, como la que hay actualmente en España, que promueven las investigaciones de estos hechos "de forma limitada".
"Pensando en la infancia y los casos que denuncian los adultos años más tarde que han podido denunciar este periodo de abusos tan dramático, es importante que los canales de Justicia no cierren la puerta a esta oportunidad y se permita que esta investigación y responsabilidad tengan lugar más tarde", ha argumentado.
"LA PREVENCIÓN TIENE QUE SER UNA PRIORIDAD"
Pero, según ha recalcado, este cambio legislativo "no reemplaza" la prevención de los abusos sexuales a menores, aunque cree que "la completa". "La prevención tiene que ser una prioridad aunque no podemos ignorar que hay casos de violaciones y abusos", ha justificado, insistiendo en la necesidad de movilizarse para "poder prevenir más que responder a situaciones de violencia".
A su juicio, el hecho de que las víctimas de abusos puedan "liberarse de su pasado dramático" al denunciarlo y que no quede impune, no quita la responsabilidad de las instituciones de "trabajar con los propios violadores para que no repitan".
También sostiene que "hay que empoderar a los niños" para prevenir estos abusos a menores y para que ellos "sepan qué hacer cuando viven una situación de violencia". En su opinión, las instituciones tienen que estar ahí para ayudarles en la "recuperación de este trauma" y para ello, hay que trabajar en la "capacitación" de los profesionales que trabajan con niños, desde los enfermeros y maestros hasta los operadores jurídicos.
Para Santos, es fundamental inculcar "modelos de tolerancia" para combatir la violencia infantil. Así, ha afirmado que la educación "es fundamental" para promover el respeto y dar soluciones a los conflictos que, según ha recalcado, se dan no solo en el ámbito familiar sino en el seno de la escuela.
CIFRAS "DRAMÁTICAS" DE VIOLENCIA INFANTIL
Desde el año 2013 un total de 27 menores han sido asesinados por violencia machista contra sus madres, según la estadística oficial de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en la que permanecen en investigación una decena de casos.
Santos, que lamenta esta tendencia, también ha recordado que según los datos oficiales, en 2017 hubo más de 38.000 denuncias de delitos cometidos contra menores de edad, de las que casi 5.000 fueron por malos tratos en el ámbito familiar y más de 4.000 por delitos de abuso sexual.
"Lo dramático es que estas cifras no son un reflejo de la realidad, son una muestra muy pequeña porque los niños muy difícilmente comparten su trauma", ha manifestado, en referencia a las pocas denuncias que se registran sobre este tipo de delitos.
"Son cifras dramáticas que hay en todos los países, de norte a sur, de este a oeste, en países pobres y menos pobres,", ha destacado. Ante este escenario, ha insistido en la necesidad de "invertir en prevención" a través del empoderamiento de los menores y el fomento de una tolerancia y modelo de convivencia que "les proteja".
Por último, preguntada acerca de la propuesta del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, sobre la necesidad de suspender el régimen de visitas de los hijos de edad a aquellos hombres que tengan una orden de alejamiento por violencia machista, Santos ha defendido que es importante "garantizar el interés superior del menor". "Es una oportunidad mantener el contacto, pero no para que la vida del niño corra riesgos", ha apuntado.