Celaá ha reiterado que llevará al Congreso su reforma educativa, paralizada por el adelanto electoral, en cuanto sea investido Sánchez
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El 17 de diciembre de 2013, el Pleno del Congreso aprobada, con la mayoría absoluta del Partido Popular, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como 'Ley Wert' por el sello que dejó en el texto su impulsor, el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert.
La reforma fue rechazada por prácticamente toda la oposición, cuyos portavoces repitieron durante aquel debate que la ley "nacía muerta" y "tenía los días contados". Seis años después y tras un cambio de Gobierno, la 'Ley Wert' sigue en vigor y tendrá, como mínimo, un curso más de vida.
La derogación de la LOMCE, el futuro de las reválidas que implantó esta ley, el diseño de la carrera docente o la obligatoriedad de la cotización de las prácticas universitarias son algunas de las asignaturas pendientes de la educación española que esperan la formación de un nuevo Gobierno en septiembre, el tradicional mes de los malos estudiantes.
LARGA VIDA A LA LOMCE
El 11 de julio de 2018, en su primera comparecencia en el Congreso tras asumir la cartera de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá anunciaba que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez derogaría de forma "urgente" varios artículos de la LOMCE como las reválidas, los itinerarios "segregadores" o el concepto de "demanda social" en la planificación escolar.
La 'Ley Celaá' se ponía en marcha para acabar con la 'Ley Wert', aunque la reforma educativa del PSOE fue acumulando retrasos a pesar de su proclamada urgencia. Celaá prometió una reforma de los "aspectos más lesivos" de la LOMCE para antes de las pasadas navidades. Después, que el proyecto de ley orgánica se presentaría en el Congreso a principios de 2019.
Finalmente, Celaá tuvo listo el texto de la Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) el pasado 15 de febrero, justo el mismo día que Pedro Sánchez anunciaba el adelanto electoral para el 28 de abril. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto cuando ya había sonado el timbre, y no pudo ni siquiera iniciar su tramitación parlamentaria.
La ahora ministra en funciones ha asegurado este verano que llevará su reforma de la ley educativa al Congreso en cuanto Sánchez sea investido. La derogación de la LOMCE es actualmente una petición casi unánime de la comunidad educativa, aunque muchas voces reclaman que sea sustituida por una nueva ley que cuente con un gran acuerdo entre formaciones políticas para aportar estabilidad al sistema educativo.
EL "LIMBO" DE LAS REVÁLIDAS
Uno de los puntos más controvertidos de la LOMCE introducía unas pruebas de evaluación finales para todos los estudiantes al terminar la ESO y el Bachillerato también conocidas como reválidas: cuatro días de exámenes obligatorios para obtener el título de cada etapa educativa.
El calendario de aplicación de la LOMCE establecía que las reválidas fueran obligatorias desde 2017, primero de forma experimental y después ya como prueba con calificación, aunque nunca llegarían a implantarse tal y como las había diseñado el ministro José Ignacio Wert.
Su sucesor al frente de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, también del Partido Popular, las dejó sin "efecto académico", convirtiendo el examen de la ESO en un mero "examen de diagnóstico". Ocurrió en 2016, y el entonces Gobierno de Mariano Rajoy suspendió su aplicación hasta que se alcanzase un pacto educativo entre las principales formaciones políticas para superar la LOMCE.
La posibilidad de lograr un pacto educativo naufragó en marzo de 2018, cuando el PSOE abandonó la mesa de negociación por discrepancias con el Ejecutivo de Rajoy sobre la inversión en educación. Dos meses después, el PSOE llegaba a la Moncloa, y la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, tuvo que prorrogar las reválidas sin efecto académico que heredó del Partido Popular para el curso pasado, al no conseguir tener a tiempo una reforma de la ley educativa que derogase la LOMCE.
Lo hizo con una orden ministerial aprobada en enero, casi a mitad de curso, algo que criticaron organizaciones como la Confederación Nacional de Estudiantes (CANAE), que reclama "conocer las reglas del juego" sobre estas pruebas antes de comenzar las clases en septiembre.
"Este problema viene causado por la chapuza legislativa que se hizo con la LOMCE y su posterior calendario de aplicación, y por una mala planificación educativa del anterior Gobierno", señala el presidente de CANAE, Carles López, a Europa Press, lamentando que esta situación se vaya a repetir un curso más. "Es difícil solucionarlo con un Gobierno en funciones, porque la mejor solución sería dejar sin efecto el calendario de aplicación de la LOMCE", expone López.
DOCENTES SIN ESTATUTO
Los sindicatos docentes consideran que es "la gran asignatura pendiente" de la educación en España porque acumula una demora de 30 años. Tanto PSOE, PP y Ciudadanos lo incluyeron como una promesa en su programa electoral. Pero la ausencia de Gobierno sigue postergando la creación de un estatuto docente para establecer los criterios del acceso, la promoción y la formación, así como los derechos y obligaciones, de los profesores.
"Ha sido una promesa incumplida por todos los partidos que han estado en el Gobierno", apunta a Europa Press el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández. "El modelo de acceso a la profesión es obsoleto y la carrera profesional es plana", añade el secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García.
El PSOE se comprometió durante la última campaña electoral "a desarrollar una auténtica carrera docente orientada hacia una educación integral de calidad". El Ministerio de Educación y Formación Profesional de Isabel Celaá organizó el año pasado un foro de expertos para definir una propuesta "integral" sobre la profesión docente, que pretendía tener lista antes de que finalizase esta legislatura. Celaá sugirió entonces introducir un método de evaluación voluntaria para docentes con el propósito de mejorar la calidad del profesorado de las enseñanzas no universitarias.
LA COTIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
El pasado 28 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno aprobaba el Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Con ese nombre y elaborado por el Ministerio de Trabajo, su contenido pasó desapercibido en el sector educativo.
Unos días después, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) descubrió en el texto una medida que parecía una inocentada: el Gobierno convertía en obligatoria la cotización de todas las prácticas universitarias externas sin especificar quién debería hacerse cargo de ese coste. Y nadie había consultado a las universidades qué les parecía implantar esta medida.
Los rectores advirtieron que provocaría "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades" al suponer más de 100 millones anuales, así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.
A mediados de enero, la CRUE y el Gobierno acordaron que la cotización de las prácticas externas universitarias no sería obligatoria hasta el próximo curso 2019-2020, y se emplazaron a desarrollar conjuntamente un reglamento para la aplicación de esta nueva norma.
El curso académico comenzará en septiembre sin un nuevo Gobierno, y la obligatoriedad de la cotización de las prácticas tendrá que esperar porque sigue sin existir ese reglamento. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades confirman que no habrá desarrollo normativo del Real Decreto mientras el Ejecutivo siga en funciones.