MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Comisión Asesora de Libertad Religiosa ha constatado en su informe anual de 2018, dedicado de forma monográfica a la cuestión del derecho a recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos, que es necesaria una mayor atención y conocimiento de la diversidad religiosa por parte de la administración local y regional.
Esta Comisión, presidida por la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha elevado al Gobierno su informe con una serie de recomendaciones hacia las administraciones locales y regionales.
Entre ellas, una mayor atención y conocimiento de la diversidad religiosa para avanzar hacia una mejor garantía a un entierro digno sin discriminación por motivos religiosos, así como fomentar la interlocución con las confesiones religiosas y trabajar en la formación y sensibilización del personal implicado en la gestión funeraria.
En este documento se revisa la normativa sobre sanidad mortuoria actualmente vigente en las administraciones local, autonómica y estatal, y se recogen las necesidades expresadas por las confesiones religiosas en aspectos como el tratamiento del cadáver, el desarrollo de las ceremonias fúnebres y los espacios funerarios.
Para recabar sus demandas en relación a estas cuestiones, el Ministerio de Justicia remitió un cuestionario a las confesiones religiosas que tienen reconocido notorio arraigo, así como a las que han expresado necesidades especiales en este tema.
También en este marco, la comisión ha propuesto modificar la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria elaborada por el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas, así como el reglamento relativo a servicios funerarios de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Unas modificaciones que buscarían incorporar aquellas especialidades derivadas de las creencias religiosas que son compatibles con nuestro sistema y facilitar, en definitiva, la atención a la diversidad por parte de las administraciones competentes.
La Comisión Asesora de Libertad Religiosa, órgano consultivo del Gobierno en materia de libertad religiosa y adscrito al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, tiene por objeto el estudio, seguimiento, informe y la realización de propuestas de todas aquellas materias relacionadas con el desarrollo, impulso y promoción efectiva del derecho de libertad religiosa.