MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este jueves de que las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) no han llevado a la Justicia a los responsables de la masacre de Yumbi, en el oeste del país, donde cerca de 900 personas fueron asesinadas en 2018 en una ola de ataques intercomunitarios.
"El Gobierno congoleño tiene que hacer mucho más para llevar a los responsables ante la Justicia por la matanza de Yumbi el año pasado", ha aseverado el director de la organización para el centro de África, Lewis Mudge.
Los ataques entre banunus y batendes registrados en cuatro emplazamientos en Yumbi, en la provincia de Mai-Ndombe, entre el 16 y el 18 de diciembre de 2018 se saldaron con al menos 890 muertos y miles de desplazados y, según la investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU en el país, "estuvieron planeados y ejecutados con apoyo de los jefes habituales".
"Procesar a aquellos que planearon los ataques dará justicia a las víctimas y sus familias y ayudará a prevenir este tipo de atrocidades de cara al futuro en un región volátil", ha aseverado Mudge.
Los investigadores han conseguido verificar el asesinato de al menos 535 hombres, mujeres y niños en la localidad de Yumbi, Bongende y Nkolo II, así como 111 heridos. Además, casi mil edificios, en su mayoría viviendas y algunas iglesias, escuelas y centros de salud, fueron destruidos o saqueados.
No obstante, según han indicado en un comunicado, estiman que el número de víctimas es mayor ya que no pudieron acceder al cuarto enclave en el que se produjeron los ataques, Camp Nbanzi, y se cree que los cuerpos de muchos de los fallecidos fueron lanzados al río Congo.
Los ataques fueron desencadenados por una disputa en torno al entierro de un jefe banunu y siguieron pautas sorprendente similares y caracterizadas por la extrema violencia y la rapidez, lo que dejó poco tiempo a la gente para huir.
Al frente de los mismos estuvieron residentes batende provistos con armas de fuego, incluidos fusiles de caza, machetes, arcos y flechas, y gasolina, y tuvieron como objetivo a residentes banunu, quienes fueron atacados en sus casas y cuando intentaban huir, han explicado los investigadores.
Se estima que cerca de 16.000 personas huyeron tras la masacre de la zona hacia República del Congo, unos 15 kilómetros más allá del río Congo. Un año después, aproximadamente la mitad de ellos ha vuelto. A nivel interno son unos 20.000 los desplazados.
"Es una gran decepción. (...) Un año después de las masacres aún no hemos visto que se lleve a cabo juicio alguno y muchos de los atacantes se mueven con libertad por el territorio", ha lamentado un residente banunu de Bongende, que perdió a 30 familiares.
Según Mudge, "un año después, las familias de más de 500 víctimas están desesperadas por encontrar justicia".
"El Gobierno debe cumplir con sus obligaciones hacia los heridos y muertos y sus familias e investigar y procesar a todos aquellos que estuvieron implicados", ha remachado.