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La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, comparece ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, en Madrid (España), a 31 de octubrEduardo Parra - Europa Press

El Consejo de Ministros ha acordado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ordenar a Enagás el cierre "definitivo" del almacén submarino de gas Castor, participado por ACS y situado frente a la costa de Vinaroz (Castellón). El Ejecutivo considera que el cierre se tiene que producir una vez que se ha analizado que la instalación ya "no puede servir" al sistema gasístico español.

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Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha señalado que el almacén de Castor estaba hasta el momento sellado de manera provisional pero ahora se ha encargado al gestor de la red gasista que "en seis meses" tramite el expediente para su sellado definitivo.

Así, Calvo ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica considera que una vez resuelta la situación procesal en los tribunales de manera rápida y con una resolución "eficaz", es preciso "evitar el coste" que supone mantener en legarto esta instalación, que "ya no sirve al sistema gasístico español, una vez considerado que no puede servir". En ese sentido, Calvo ha destacado que, de esta manera, se evitará el coste de mantenimiento y quedará cerrado "para más seguridad".

¿QUÉ SE VA A HACER?

Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es "poner fin a la hibernación y proceder al sellado definitivo de los pozos del almacenamiento subterráneo de gas denominado Castor", según recoge la Referencia del Consejo. Se trata, indica, de la "primera fase de su desmantelamiento". Se trata, ahonda en "este proyecto no es ni viable ni necesario a la vista de los consumos actuales y futuro de gas natural en nuestro país. Por tanto, mantener las instalaciones en la situación actual de hibernación sólo aplazaría la ejecución del abandono definitivo y prolongaría los costes de vigilancia y mantenimiento".

De momento, el Gobierno no indica cómo se va a financiar este sellado. Sólo explica que el "desmantelamiento se encomiendan a la empresa Enagás Transporte, S.A.U., que en el plazo de seis meses deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) la documentación técnica necesaria para iniciar la tramitación del expediente de autorización de los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos de almacenamiento".

"En esta primera fase, se procederá al sellado y abandono definitivo de los pozos", indica el Ejecutivo. El Consejo de Ministros habilita, además, al MITECO a dar las instrucciones necesarias para el cumplimento de este acuerdo, así como para ordenar las sucesivas fases del desmantelamiento.

El Gobierno recuerda que, "en la actualidad, los 13 pozos del almacenamiento se encuentran sellados de manera temporal, desde el mes de abril de 2016, mediante dos tapones mecánicos colocados a diferentes profundidades. La vida útil de estos dispositivos, estimada entre dos y cuatro años, está a punto de completarse", resume.

EN HIBERNACIÓN DESDE 2014

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castory en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, controlada por ACS.

En un primer momento Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, era la encargada de asumir el importe de dicha indemnización de más de 1.300 millones de euros a Escal UGS, aunque el importe se iría repercutiendo durante 30 años en la tarifa del gas.

Antes de esta decisión del Consejo de Ministros, Escal UGS había presentado un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica para que no se cierre irreversiblemente el almacén, según adelantaba hoy Cinco Días.

La compañía controlada por ACS reclamaba “un debate riguroso" antes de decidir el cierre final y recordaba que, según Enagás, el coste del cierre definitivo está estimado en más de 250 millones de euros.

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