El Gobierno denegó el 61% de peticiones de inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada en Ucrania en 2019

A raíz de una instrucción emitida por el Ministerio de Justicia hace ahora un año, la inscripción consular de los bebes nacidos por gestación subrogada solo puede llevarse a cabo si se presenta una sentencia judicial que demuestre la filiación paterna. En países como Ucrania y Georgia no existe la posibilidad de disponer de una sentencia de este tipo, y se había podido hacer mediante pruebas de ADN.

De acuerdo a los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, en el primer semestre del año pasado se presentaron 137 solicitudes de inscripción en el consulado de Kiev, de las cuales se admitieron 95 y se denegaron 42. Respecto al segundo semestre, constan 107 peticiones, y todas ellas fueron rechazadas. Así, en total en todo el año se admitieron 95 solicitudes, mientras que 149 (el 61%) se denegaron.

De acuerdo a los datos oficiales, en 2019 en Kiev se registraron menos solicitudes de inscripción que en 2018, cuando hubo 303, de las cuales ninguna fue denegada. Respecto a ese año, en 2019 --año en el que se emitió la instrucción-- las peticiones de inscripción en 2019 se han reducido un 19,4%.

LOS FAMILIARES DENUNCIAN "DESPROTECCIÓN" DE LOS BEBÉS EN ESPAÑA

La instrucción desató la polémica, especialmente entre los familiares de los bebés nacidos por esta técnica en países en los que no se emiten sentencias de filiación paterna, como ocurre en Ucrania. Ante la imposibilidad de conseguir una sentencia, se obliga a los familiares a solicitar el pasaporte ucraniano para poder salir del país.

La emisión de este pasaporte es rechazada de plano por estas familias que, amparadas bajo la asociación de familias por gestación subrogada en Georgia y Ucrania (APINGU), recurrieron la instrucción por la vía judicial. Según denuncian, los bebés españoles nacidos por esta técnica "regresan a España con un pasaporte no español y carentes de derechos fundamentales como la sanidad gratuita o la escolarización pública".

Precisamente desde la asociación han convocado este domingo, 23 de febrero, a las 12.00 horas una concentración delante del Ministerio de Justicia para protestar por el "maltrato institucional" y la "desprotección" en la que el Gobierno deja a estos menores que tienen que salir con pasaporte ucraniano o georgiano siendo españoles de pleno derecho al impedir que sean inscritos en el registro civil de las embajadas de estos países.

En declaraciones a Europa Press, Ilanit Snir Piñero, miembro de APINGU y madre por gestación subrogada, ha asegurado que el Gobierno "se está saltando a la torera" las leyes internacionales que "prevalecen a la jurisprudencia nacional". En este contexto, ha insistido en pedir la nulidad de esta instrucción que, a su juicio, "vulnera los derechos" de los niños nacidos por gestación subrogada y que es "producto del sectarismo".

Tal y como ha incidido, "un grupo de expertos de La Haya ya dijo a finales de 2019 que no era necesaria una sentencia judicial de filiación, habiendo certificaciones registrales de nacionalidad notarizadas y autentificadas".

Ilanit estuvo 4 meses y medio "atrapada" en Ucrania por la cuestión burocrática de tener que conseguir un pasaporte ucraniano para poder regresar a España con su bebé. "Las autoridades locales están otorgando de mala manera este expediente porque no está previsto cómo deben hacerlo", ha apostillado.

"Cuando llegas a España los niños están desprotegidos y los padres y madres tenemos que iniciar una batalla legal que dura años para conseguir la filiación total", ha remarcado. Para conseguir el reconocimiento de ambas filiaciones, primero debe tramitarse la paterna, que se logra tras un juicio que tarda en torno a un año; y después deben gestionar la filiación materna tras un proceso de adopción que puede durar varios años, tal y como ha explicado.

Durante este tiempo, los bebés no tienen garantizados plenamente sus derechos ya que, por ejemplo, en alguna comunidades autónomas los niños y niñas extranjeros están sujetos a copagos, por lo que los padres deben pagar vacunas o medicamentos, según ha aseverado Ilanit.

EN 2019 EN GEORGIA SE DENEGARON LAS 17 SOLICITUDES PRESENTADAS

Aparte de Ucrania, Georgia es uno de los países europeos que permite en su legislación realizar el proceso de gestación subrogada y las inscripciones de los niños nacidos en dicho país se realiza en el Consulado español en Ankara (Turquía). En 2019, se presentaron 17 peticiones de inscripción, todos ellas denegadas, mientras que en 2018 se autorizaron cuatro inscripciones.

Muchos españoles recurren a alguno de estos dos países para tener un bebé mediante gestación subrogada, donde el coste va desde los 35.000 euros hasta los 45.000 euros, de acuerdo a la información disponible en la página web de la agencia de gestación subrogada 'Interfertility'. El presupuesto se triplica si se elige Estados Unidos, donde puede llegar a los 120.000 euros.

Si bien, en 2019 la Embajada de España en Kiev desaconsejó "el inicio de cualquier proceso de gestación subrogada" en Ucrania". En su web, alertaba de "estafas y engaños" por parte de clínicas, de "irregularidades en el proceso", de un "deficiente control médico" e, incluso de "abortos inducidos" con el objetivo de incrementar los gastos del proceso.

EL GOBIERNO, CONTRA LA SUBROGACIÓN

En la instrucción publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de febrero, el Gobierno señala que esta práctica "constituye un fenómeno en el que se produce una grave vulneración de los derechos de los menores y de las madres gestantes". "El interés preferente de los primeros debe quedar en todo caso salvaguardado, y a la vez la actuación de los poderes públicos debe garantizar a la mujer una adecuada protección contra el peligro de abusos de situaciones de vulnerabilidad que es de todo punto inaceptable", agrega.

El Gobierno ve "claro" que "la lucrativa actividad de las agencias mediadoras que operan en este terreno no puede considerarse ajustada a derecho" y recalca que para hacer frente a este problema "sería necesaria una actuación internacional coordinada". "En tanto no se disponga de ese claro marco internacional, y sin perjuicio de la adopción de las medidas oportunas y más contundentes para atajar esta práctica en España, se debe tratar el fenómeno con el necesario rigor", argumenta.

El Ejecutivo defiende "un tratamiento que permita valorar todas las circunstancias que se presenten en cada supuesto, con una prueba válida y suficiente de los hechos, datos y declaraciones de voluntad que concurran en el mismo", especialmente "a la vista de los claros abusos contra las mujeres gestantes que en ocasiones se han dado".

En esta misma línea va el acuerdo para un Gobierno de coalición firmado entre PSOE y Unidas Podemos, que dice 'no' a "los vientres de alquiler" y destaca que "la explotación reproductiva está prohibida" en la legislación. "Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas", apunta el pacto, en el que los partidos se comprometen a actuar "frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida".