El consjero Jorge Fabra se jubila este sábado 2 de febrero al cumplir 70 años pero aún no tiene recambio
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tendrá a finales de febrero a tres de sus cinco consejeros en funciones, ya que habrá expirado su mandato sin que se haya producido una renovación en el cargo. Además, este sábado 2 de febrero, Jorge Fabra Utray, que ya estaba en funciones, se jubilará al cumplir 70 años de edad, la fecha límite que marca el estatuto del regulador atómico para ocupar un asiento en el pleno.
El mandato de Fabra llegó a su fin el pasado 28 de diciembre de 2018, y este poco más de un mes ha seguido ejerciendo su puesto en el pleno estando en situación de prórroga. Sin embargo, al cumplir 70 años, ya no puede continuar en ejercicio, de acuerdo con la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que data de abril de 1980.
Con este cese, el pleno está prácticamente en la misma situación, puesto que el presidente del CSN, Fernando Marti Scharffausen, también entró en esta 'categoría' de prórroga el mismo día, el 28 de diciembre pasado.
La prórroga llegará pronto también a la vicepresidenta, Rosario Velasco, y a Fernando Castelló, cuyos mandatos expiran el próximo 22 de febrero.
De esta manera, el pleno del regulador nuclear llegará entonces a una situación en la que el único consejero con su mandato vigente es el de Javier Dies, cuyo nombramiento fue aprobado el 16 de diciembre de 2015.
Desde el próximo sábado, el pleno del regulador contará con cuatro miembros, frente a los cinco habituales y, de acuerdo con la normativa del CSN, en caso de empate, será el presidente, Fernando Martí, quien tome la última decisión.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de creación del CSN, los consejeros seguirán en su puesto hasta que tomen posesión sus sucesores.En caso de que no se hayan designado nuevos consejeros, el artículo 9 del estatuto del CSN señala que el secretario general del regulador comunicará al Congreso de los Diputados la situación de prórroga del presidente o consejero o consejeros "en la fecha en que dicha prórroga supere los seis meses".
La situación, inaudita en el regulador, llega en un momento en el que el Gobierno está negociando con los distintos partidos políticos la propuesta de nombres. En el anterior reparto de fuerzas parlamentarias, la composición del CSN solía estar formada por dos consejeros propuestos por el PSOE, dos por el PP y uno del ya extinto CiU. Ahora, de acuerdo con las negociaciones uno de los consejeros podría ser propuesto por Unidos Podemos.
Lo cierto es que el Gobierno aún no ha presentado propuestas a la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, que deberá aprobar en primera o segunda votación a los candidatos. En todo caso, de no obtener el visto bueno parlamentario, el Gobierno podría aprobar la propuesta mediante un Real Decreto por acuerdo del Consejo de Ministros.
Durante este tiempo se da la circunstancia de que las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós (Tarragona) tienen puesto el cronómetro con la vista puesta en la fecha de 31 de marzo de 2019. Para entonces, siempre y cuando el Gobierno haya aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima, deberán presentar o no su solicitud de renovación de su licencia de explotación, que expira en 2020.
Sin embargo, si el Plan Nacional de Energía y Clima no está aprobado para entonces, de acuerdo con las modificaciones de la normativa aprobadas en junio de 2017, Almaraz tendría algo más de plazo, hasta el 7 de abril, y Vandellós hasta el 21 de mayo, para presentar formalmente o no, su solicitud.
Precisamente, este lunes la ministra para la Transición Ecológica, se ha reunido a primera hora de la mañana con los máximos ejecutivos de las tres grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola y Naturgy- para abordar el futuro apagón nuclear, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del encuentro.
La cita ha sido al máximo nivel, con la ministra y los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Se trata de la primera vez que el Ministerio sienta a las tres grandes eléctricas en la misma mesa con Ribera y al parecer, se ha analizado la fecha de cierre de las centrales nucleares.
El encuentro se produce en la víspera de la reunión convocada para este martes por las tres compañías, que son socias titulares en Almaraz, para analizar el futuro de la planta cacereña.
En todo caso, si las plantas presentan su solicitud y no hay cambios en la política energética, el regulador aún tardará un año en analizar el resto de la documentación y como pronto el regulador no tendrá una decisión hasta marzo de 2020. Hace dos años ambas presentaron la documentación asociada a su autorización de explotación, que fuentes internas del CSN han asegurado a Europa Press que está siendo estudiada de acuerdo con la tramitación habitual.
Mientras, Fabra, que acudirá este miércoles a su último pleno del CSN, emitió el pasado 11 de enero un voto particular respecto al procedimiento de evaluación del impacto ambiental de la mina de uranio de Berkeley en Retortillo (Salamanca).
En el consideraba que no se debe avalar la continuidad del licenciamiento de las minas de uranio y la futura planta de concentrados de Retortillo, (Salamanca) sin unificar y armonizar todos los procedimientos que tiene en marcha.
Ese día, el pleno apreció de forma favorable el programa de vigilancia y control de las aguas subterráneas del emplazamiento de las minas de uranio y la futura planta de concentrados de Retortillo, y la apreciación favorable de los resultados de dos programas de vigilancia de aguas residuales y vigilancia radiológica.
En este sentido, el consejero expresaba que no se debe avalar la continuidad del licenciamiento de este proyecto minero y metalúrgico en ninguna de sus vertientes (para la obtención del informe relativo a la autorización de construcción) hasta que el Pleno no haya deliberado y tomado una decisión sobre cómo unificar, armonizar y homogeneizar todos los expedientes relacionados tanto con las explotaciones mineras de Retortillo y Zona 7, como con la planta de tratamiento del mineral extraído y el almacenamiento definitivo de sus residuos radiactivos.
Una semana después, el 24 de enero, Marti, Velasco y Castelló emitieron un escrito en el que defendían la actuación del regulador atómico en relación a la evaluación del proyecto de la mina en contra el voto presentado por Fabra.