MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El 64,33 por ciento de los españoles considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de delitos incluidos en el Código Penal, mientras que el 24,17 por ciento los consideran más importantes.
Así lo refleja el estudio realizado en todo el territorio nacional por SEO/BirdLife, en el marco del proyecto 'Life Guardianes de la Naturaleza', con el fin de conocer la percepción que tiene la sociedad frente a los delitos ambientales y las acciones que se llevan a cabo para la investigación y determinación de la responsabilidad legal de los autores.
Para la directora ejecutiva de la organización, Asunción Ruiz, la sociedad "tiene claro" que el respeto y cuidado del patrimonio natural "es una necesidad pública". "Con estos datos, la sociedad está diciendo alto y claro que debemos proteger la biodiversidad frente a las agresiones más graves que sufre nuestra Naturaleza", ha asegurado.
La investigación, que ha sido realizada por una empresa demoscópica mediante un muestreo telefónico aleatorio, refleja que el 83,33 por ciento de los ciudadanos considera que la sociedad "no le da suficiente importancia" a los problemas medioambientales, mientras que el 16,67 por ciento consideran que sí.
Sobre el papel que juegan las diferentes entidades en la protección del medio ambiente frente a los delitos ambientales, las tres mejor valoradas son los agentes de medio ambiente y forestales, con 7,56 puntos; el Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), con 7,38; y las ONG con 7 puntos.
Además, el estudio destaca que el 85 por ciento de los jóvenes considera que no se le da la suficiente importancia a los problemas ambientales, frente al 69 por ciento de las personas mayores de 65 años que así lo consideran.
CONOCIMIENTO "ESCASO" DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Al preguntar a la ciudadanía qué nivel de conocimiento cree que tiene acerca de los delitos contra el medio ambiente, el resultado refleja 5,37 puntos en una escala de 1 a 10, lo cual indica que la población "considera que tiene un conocimiento escaso sobre los mismos".
Sin embargo, la encuesta apunta que el conocimiento de delitos concretos "es mayor", ya que los referidos a incendios son conocidos por el 97 por ciento de la población, así como el comercio y la caza ilegal de animales protegidos, que conoce el 88,17 por ciento de la población.
Por otra parte, la destrucción de nidos de esas especies o liberar especies exóticas invasoras, es conocido por un 64,17 y 62,5 por ciento de la población respectivamente.
Para los ciudadanos, la efectividad actual de la normativa ambiental para la protección del medio ambiente es de 5,24 puntos en una escala de 1 a 10.
En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales, las más valoradas son las relacionadas con la sensibilización y mejorar el funcionamiento de la justicia, seguido del aumento de las penas.
El estudio asegura que una gran mayoría de los encuestados considera que la pena de cárcel debe aplicarse a aquellos delitos contra la fauna que suponen la muerte o captura de especies protegidas o en aquellos delitos que suponen la destrucción grave de hábitat protegidos, como los incendios intencionados.
Los españoles consideran que en las especies de menor tamaño, aunque con la misma categoría de protección, se considera que se debe aplicar esa pena en un menor porcentaje y a mayor tamaño de la especie, el porcentaje se eleva (45,83% para una mariposa y 81,7% para el lince).
"Los resultados de esta encuesta demuestran que las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge nuestro Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos", ha señalado el responsable del programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega.
En su opinión, los poderes públicos "deberían considerar la importancia de priorizar la lucha contra este tipo de criminalidad". En este sentido, de la Bodega ha asegurado que el proyecto 'Life Guardianes de la Naturaleza' contribuirá "a mejorar la efectividad de la aplicación del derecho penal para la protección de la naturaleza".