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Dos mujeres abren el menú de la ONG del chef José Andrés, que reparte en Madrid a las familias más necesitadas durante el estado de alarma provocado por el coronavirus, en Madrid (España) a 14 de abril de 2020.Jesús Hellín - Europa Press

Cree que la medida debe atender a colectivos vulnerables que suelen tener dificultades para acceder a este tipo de prestaciones

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dependiente de la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias, considera que los controles del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que está preparando el Gobierno para las personas más vulnerables "debe hacerse fundamentalmente expost".

Así lo ha indicado el director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, Jorge Uxó, en un hilo de Twitter, con el que quiere contribuir al debate generado ante el anuncio de que el Gobierno cumplirá en mayo su compromiso de poner en marcha esta renta mínima vital. El pasado sábado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, señaló que la medida estaría en el mes de mayo, mientras que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, calcula que lo llevará al Consejo de Ministros en la segunda quincena del mes.

"La situación de emergencia exige una implementación rápida y flexible del IMV, para que quienes lo necesitan ahora puedan empezar a cobrarlo ya. Los controles deben ser fundamentalmente expost", subraya Uxó, utilizando la locución latina 'ex post', que significa "después de haberlo hecho".

El director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales precisa que "el Ingreso Mínimo Vital, como medida estructural, era necesario antes de la crisis" y que, por lo tanto, "la crisis del COVID-19 no crea la necesidad, pero lo hace más urgente".

Según indica, el IMV es una "prestación no contributiva de la Seguridad Social financiada por los Presupuestos Generales del Estado" y "debe garantizar el derecho de ciudadanía a una renta mínima en todo el país", pudiendo "complementar" las rentas autonómicas, este mínimo.

Así, añade que el mínimo estatal debe ser "suficiente para que los hogares salgan de la pobreza y no puede ser inferior al de otras prestaciones no contributivas". En concreto, señala que "para una persona adulta que viva sola debería estar en torno a los 6.000 euros al año", es decir, 500 euros al mes.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA CADA AÑO

En todo caso, apunta que la cuantía de la prestación debe "aumentar con el tamaño de la unidad de convivencia, atendiendo la presencia de personas menores y protegiendo especialmente a familias monoparentales o personas con discapacidad". Además, subraya que el nivel de renta garantizada "se actualizará automáticamente cada año de acuerdo con criterios objetivos que aseguren que se mantiene su poder adquisitivo".

Según puntualiza Uxó, será compatible con la percepción de otros ingresos, incluidos los ingresos laborales, "para proteger también a personas que no encuentran empleos estables, a la vez que se incentiva el empleo", pero precisa que "la participación en programas de inserción no debe ser obligatoria ni condicionar el acceso al IMV" porque "son derechos diferentes y el único requisito para percibir el IMV debe ser tener bajos ingresos".

También indica que hay que asegurar una amplia cobertura, "evitando burocracia y controles innecesarios", y atender situaciones como personas sin hogar y otros colectivos vulnerables que suelen tener dificultades para acceder a estas prestaciones.

En este sentido, el Ministerio de Igualdad ha asegurado que las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, así como los casos "de extrema vulnerabilidad de mujeres en contexto de prostitución", serán incluidas como beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital que tiene previsto aprobar el Gobierno por la pandemia del COVID-19. Desde el departamento que lidera Irene Montero sostienen que "se asegurará también que las mujeres en situación administrativa irregular" --"que son en la mayoría de los casos las principales víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual", ha agregado-- tengan acceso a esta prestación.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, precisó en una entrevista que no está contemplado que los migrantes en situación irregular puedan acceder a esta prestación.

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