Advierte de las consecuencias del bloqueo político y de la ruptura del consenso al entrar Vox en las instituciones
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que, frente a las 35.000 condenas por violencia de género que se registraron en 2018 --un máximo histórico en esta materia-- las empresas españolas sólo cubrieron 315 bajas laborales, con contratos bonificado, para sustituir a mujeres víctimas de esta lacra.
La secretaria nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF, Eva Fernández, ha señalado que, ante estas cifras se deduce que "sólo una de cada 100 mujeres maltratadas está siendo cubierta su plaza en empresas en España", lo que implica, también, "que cientos de mujeres" víctimas de esta violencia "pierdan su trabajo" en el país. "Si ya es difícil vivir esta situación de por sí, más difícil es verte forzada a renunciar a tu puesto de trabajo", ha declarado.
Fernández ha lamentado la desinformación que existe entre las empresas acerca de la medida del contrato bonificado para sustituir a víctimas de violencia machista, que el Gobierno puso en vigor en 2013.
Esta norma permite que las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género tengan derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. La trabajadora, así, podrá reincorporarse en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato.
LOS CONTRATOS SE REDUCEN CASI A LA MITAD EN SIETE AÑOS
La responsable de Igualdad de CSIF ha señalado que la cifra de estos contratos bonificados se ha reducido casi a la mitad en los siete años que lleva en vigor. Así, en 2013 se contabilizaron 550 sustituciones, una cifra que ha ido bajando hasta los 315 contratos ya mencionados en 2018. "Este año va por el mismo camino", ha indicado Fernández, que ha apuntado que, hasta el 31 de octubre de 2019 se han registrado 281.
"Vamos a trasladar estas cifras al Ministerio de Trabajo y a los partidos políticos", ha apuntado. El objetivo, según ha declarado, es buscar razones para esta bajada y pedir al Gobierno que impulse o publicite más esta medida.
Para CSIF no es comprensible que "las cifras de sustituciones en empresas" no se correspondan "con el alcance numérico de la violencia de género en el país". En este sentido, recuerdan que los datos recogidos en este sentido "son sólo la punta del iceberg de la realidad" de esta lacra en España.
En rueda de prensa, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este lunes, CSIF señala como parte de esta situación la "falta de instrumentos" en el ámbito laboral que ayuden desde el principio a la detección, atención y apoyo jurídico a las mujeres que sufren este tipo de violencia.
DELEGADO SINDICAL ESPECIALIZADO EN IGUALDAD
"Recibimos de manera continuada consultas sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en materia de empleo y de inserción laboral; dudas sobre cambios de centro de trabajo; movilidad geográfica; reordenación de jornadas, así como sobre protección de datos en convocatorias públicas de empleo", han explicado, aunque reconocen que en su totalidad son por parte de empleados, no de empresas.
Por ello, reclaman el diseño de una estrategia para detectar dentro del ámbito laboral posibles víctimas de la violencia machista, con el desarrollo de la figura del delegado sindical especializado en Igualdad y Violencia de Género.
"Una de cada dos mujeres tiene que soportar comportamientos sexistas en el trabajo", ha denunciado la secretaria nacional de prevención de Riesgos Laborales, Encarna Abascal, haciendo referencia a uno de los estudios que ha realizado la Central Sindical. En este sentido, advierte de que la mayoría no denuncia por "miedo", por que "no sabe cómo lo va a poder demostrar" o por que "no sabe como hacerlo". De ahí, la importancia de que en el entorno laboral haya formación.
Además, llaman a relanzar el Pacto de Estado para poner en marcha algunas de las medidas que aún no se han activado, como las cuotas de reserva en la Administración Pública a las víctimas de violencia machista, incorporar el enfoque de discapacidad, reforzar la asistencia jurídica a estas mujeres antes, durante y después del proceso judicial o impulsar la negociación de Convenios Colectivos y Planes de Igualdad.
Fernández ha apuntado, al respecto, que desde CSIF afrontan la jornada del 25 de noviembre llamando la atención por el bloqueo político e institucional de los últimos meses, que ha supuesto una congelación de recursos, prórrogas presupuestarias y freno a las políticas sobre esta materia.
Además, han mostrado su preocupación por la ruptura del consenso en el debate político que afecta tanto a la definición en sí misma de la violencia de género, como a su origen o a las herramientas para combatirla. "La violencia machista no se puede cuestionar ni relativizar", ha declarado Fernández.