Reclaman control en los precios de productos y servicios
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) han anticipado un crecimiento exponencial de las reclamaciones de los ciudadanos tras el Estado de Alarma, principalmente en los vuelos y viajes combinados por lo que han pedido a la Administración un impulso político en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios durante la crisis del Covid-19, instando a las empresas a llegar a acuerdos que eviten la saturación de las vías administrativa y judicial para la resolución de los conflictos.
Esta ha sido la principal conclusión tras la tercera reunión mantenida entre los representantes de las asociaciones pertenecientes al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y su presidente, Carlos Ballugera, con la Directora General de Consumo tras la proclamación del Estado de Alarma, en la que han analizado cómo afecta el confinamiento a los derechos de los consumidores en diferentes ámbitos, y han realizado diferentes propuestas.
Según informa la CCU, la cancelación de vuelos y viajes combinados, y las consiguientes compensaciones a los clientes, siguen siendo una de las áreas en las que mayor número de reclamaciones está generando entre la ciudadanía. Esta conflictividad se ve agravada, según las organizaciones, por la actitud que han adoptado determinadas compañías aéreas y agencias, no solamente reticentes a acuerdos, sino clara y públicamente beligerantes contra las asociaciones de consumidores y usuarios.
Por ello, los representantes del CCU consideran que no es suficiente la garantía que ofrece la normativa europea de derecho al reembolso final y pide al Ministerio de Consumo una mayor colaboración con la AESA como autoridad competente y, sobre todo, una actuación más decidida de cara a las empresas para que ofrezcan soluciones a los usuarios, que están aceptando el aplazamiento en el ejercicio de sus derechos y la posibilidad de aceptar bonos sustitutorios como un gesto que no está siendo correspondido por la patronal del sector.
El control de precios de productos y servicios, que se han convertido en fundamentales con motivo de la crisis del Covid-19, son también un ámbito de preocupación para las asociaciones de consumidores. En concreto, se pide una especial actuación por parte de las autoridades en relación a la comercialización de mascarillas, de los geles higiénicos, de los test de diagnóstico y en el sector de las funerarias, en el que, según los datos, se ha producido una injustificada subida de precios. En relación al otro aspecto, se cuestiona también la restricción que no permite la asistencia a los entierros a más de tres familiares.
Con respecto a las moratorias, sean o no hipotecarias, y a las ayudas crediticias que se han arbitrado para este periodo, las asociaciones alertan de que algunas entidades están aprovechando para incluir indebidamente prestaciones adicionales (seguros) con sus correspondientes primas en la concesión de dichas ayudas.
EXPLICAR LAS CONSECUENCIAS DE LOS APLAZAMIENTOS
Asimismo, piden que se aclare a los ciudadanos cuáles serán las consecuencias de esos aplazamientos: plazos de devolución, posibilidad de intereses acumulados, modificación en las condiciones del préstamo. Entienden las asociaciones que, si las medidas adoptadas pueden considerarse como una suspensión del contrato más que como una moratoria, los derechos de los consumidores quedan más garantizados.
Las asociaciones del CCU han planteado también la adopción de medidas de cara a los consumidores en un amplio espectro de otras cuestiones, desde los aplazamientos en el pago del renting de vehículos y la gratuidad de los peajes, a la paralización del cobro de las primas de los seguros de enfermedad y asistencia sanitaria en caso de cancelación de las consultas; pasando por el derecho de los consumidores en materia de telecomunicaciones a decidir la portabilidad de servicios de un paquete y a no ver incrementados los precios por el cobro de los servicios, o la información sobre cómo actuar ante la proliferación de ofertas fraudulentas en estos días en internet.
Las asociaciones advierten también sobre la acumulación de reclamaciones que van a experimentar las administraciones tras el Estado de Alarma, con una casuística muy compleja y referida a cuestiones en las que en ocasiones la propia normativa se ha visto modificada con motivo de las medidas adoptadas por lo que piden una mayor coordinación entre el Ministerio y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, ofreciendo la colaboración de sus propios técnicos en ese trabajo conjunto.
A su vez, las organizaciones de consumidores se comprometen a mantener como hasta ahora su actividad 'online' para seguir defendiendo los derechos de los consumidores, y piden participar activamente en los equipos de expertos que se están creando para planificar la desescalada de las medidas de confinamiento que habrá de producirse cuando la pandemia empiece a remitir.
El CCU pide, en definitiva, un impulso político por parte del ministerio en la defensa de los consumidores y usuarios, que inste a las empresas a llegar a acuerdos y proponer soluciones satisfactorias para los consumidores en el marco arbitral y del acuerdo, evitando que los enormes problemas que esta crisis plantea tengan que acabar saturando las vías administrativas y judiciales de resolución de conflictos.