Lo refleja una respuesta de la Comisión Europea a Ana Miranda (BNG) tras la queja que interpuso por incumplimiento de las normas de seguridad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)
El expediente sancionador que la Comisión Europea ha abierto a España por incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria detecta "deficiencias" en el análisis de riesgos, precisamente lo que para el juez que investiga el accidente del tren Alvia en Angrois "ha quedado evidenciado" que, "siendo preceptivo, no se hizo" en la línea Ourense-Santiago, donde murieron 80 personas en julio de 2013.
El pasado 24 de enero trascendió que Bruselas había enviado una carta de emplazamiento por este asunto al Estado español. Tras publicarlo el diario 'El País', la Comisión Europea emitió un breve comunicado en el que hablaba de "deficiencias" en la forma en que el organismo nacional de investigación (la CIAF) investiga los accidentes, así como en la supervisión por parte de la autoridad nacional responsable de la seguridad (la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria).
El portavoz de la Comisión, en rueda de prensa ese día, hizo hincapié en que el expediente no estaba vinculado de forma directa con ningún accidente.
Ahora, en una comunicación por correo a la que ha tenido acceso Europa Press, la directora general de movilidad y transporte, Elisabeth Werner, amplía la información sobre el 'dossier' en una respuesta por escrito a la eurodiputada del BNG Ana Miranda, quien preguntó por el contenido toda vez que ella denunció este incumplimiento de la normativa en 2017 y ha acompañado a las víctimas del siniestro en su periplo por Europa en busca de "justicia y verdad".
En la carta, la responsable de movilidad de la Comisión Europea añade dos puntos que no figuraban en la comunicación pública de finales de enero. Además de las "deficiencias" referidas, agrega otras en lo relativo a la evaluación de riesgos y a "la supervisión de los sistemas de gestión de seguridad", dos aspectos que están jugando un papel clave en la investigación judicial por la tragedia de Angrois.
Y es que es en concreto por esto por lo que está investigado el exjefe de seguridad de Adif en la causa, cuya instrucción ha cerrado el juzgado con él y el maquinista como investigados.
"RIESGO POTENCIAL"
Elisabeth Werner responde a la queja enviada por la eurodiputada nacionalista el 11 de septiembre (aunque la presentó en julio, el registro oficial se hizo esperar hasta la vuelta del verano). En su texto, Miranda consideraba que debía abrirse un nuevo procedimiento de infracción contra España (no es el primero en la materia), en este caso "por la vulneración de la normativa europea aplicable sobre seguridad e interoperabilidad ferroviaria".
Su denuncia se centró en el mismo punto que trata de dirimir la justicia: el control integral de los riesgos y "la verificación de cambios sustanciales" en la seguridad ferroviaria concernientes tanto a la línea que conecta Ourense-Santiago como al tren Alvia y a "las condiciones de seguridad" del proyecto.
Con todo, y como ya enfatizó hace dos semanas el portavoz de la Comisión Europea, Elisabeth Werner hace hincapié en que el procedimiento de infracción "no se refiere a ningún accidente en particular, sino que busca que el sistema global español cumpla con las obligaciones comunitarias".
"Nuestra preocupación no es que el sistema sea inherentemente poco seguro, sino que la identificación, seguimiento y supervisión de sucesos que representen un riesgo de seguridad potencial es menos efectiva que lo esperado bajo la reglamentación europea", le explica Werner a Ana Miranda.
"MENOS" EN 2013
La infracción se abre después de una auditoría realizada a España entre finales de 2017 y comienzos de 2018. Así, lo que dedujeron los investigadores es que el Estado español incumplía la normativa en ese momento.
Tanto Miranda como las propias víctimas del accidente del Alvia han hecho hincapié en que, si no se cumplen las normativas en 2018, "menos si cabe" se cumplirían en 2013, cuando se produjo el siniestro, o en 2011, cuando se inauguró la línea de la tragedia.
En febrero del año pasado, un equipo de la ERA (Agencia Ferroviaria Europea por sus siglas en inglés) estuvo en misión de auditoría en Madrid para recabar información. Visitaron la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Adif y el organismo notificado (Notified Body) Cetren, según informaron en su día fuentes consultadas por Europa Press.
Entre otras cuestiones, estudiaron cómo Cetren realiza su cometido de verificar la interoperabilidad, conforme a normativa europea, de varias líneas, incluida la de Ourense-Santiago, donde se produjo el descarrilamiento que dejó 80 muertos y 144 heridos.
Esta línea, pese a ser inaugurada en 2011, carecía del certificado europeo de interoperabilidad. El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) no lo encargó hasta septiembre de 2016 y actualmente todavía no dispone de él.
En lo que respecta a la investigación de accidentes, Bruselas ya abrió un anterior expediente a España por entender que la CIAF no funcionaba de manera independiente, tras lo cual el Ejecutivo español modificó la norma en que se nombra a sus responsables.
Tras la apertura de este nuevo expediente, España dispone de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.
Por su parte, el Ministerio de Fomento anunció tras conocerse este procedimiento de infracción que su número dos, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, comparecerá a petición propia en el Congreso para detallar la situación y las actuaciones previstas en materia de seguridad ferroviaria.
VÍSPERA DE LAS ÚLTIMAS COMPARECENCIAS
El próximo lunes está previsto que comparezcan los dos exministros de Fomento involucrados en el accidente en la comisión de investigación del Congreso.
El socialista José Blanco es ahora eurodiputado y la popular Ana Pastor ocupa la presidencia del Congreso de los Diputados, con lo que es la tercera autoridad del Estado.
La eurodiputada del Bloque considera que el expediente pone en evidencia que ambos tienen "responsabilidades políticas" en Angrois, al estar al frente del ministerio cuando el Estado español, supuestamente, incumplía la normativa comunitaria de seguridad ferroviaria.