Brasil.- Amnistía alerta del saqueo ilegal de las tierras indígenas en Brasil para convertirlas en zonas de pasto

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado el saqueo de las tierras protegidas al que los pueblos indígenas del Amazonas brasileño tienen que hacer frente, al mismo tiempo que ha señalado a la ganadería ilegal como principal responsable de esta situación, en connivencia con el Estado y las autoridades locales.

"La ganadería ilegal es el principal motor de la deforestación del Amazonas. Constituye una amenaza muy real no sólo para los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí, sino también para todo el ecosistema del planeta", ha manifestado Richard Pearshouse, director de Crisis y Medioambiente de Amnistía Internacional.

El informe, 'Cercar y traer ganado: Ganadería ilegal en el Amazonas de Brasil', ha sido publicado al mismo tiempo que la organización, acompañada por líderes indígenas de la región, presentaba a las autoridades brasileñas una petición con 162.000 firmas que exigían el fin de las expropiaciones ilegales de sus tierras.

"Mientras el Gobierno de Jair Bolsonaro recorta drásticamente las protecciones medioambientales a nivel federal, algunas autoridades estatales están permitiendo de hecho la ganadería ilegal que destruye zonas protegidas de la selva amazónica", han denunciado desde Amnistía.

Unos dos tercios de las zonas del Amazonas deforestadas entre 1988 y 2014 han sido valladas, quemadas y convertidas en pastos: casi 500.000 kilómetros cuadrados, una zona que en total equivale a cinco veces el tamaño de Portugal.

Según ha denunciado AI, existe un patrón de convertir la selva en tierras agrícolas. Los ganaderos y los 'grileiros', individuos particulares que se apropian ilegalmente de tierras, están identificando zonas, las cuales talan o incendian para plantar hierba y posteriormente introducir ganado. Además se están abriendo nuevas carreteras y asentamientos en zonas protegidas.

Amnistía Internacional ha descubierto un patrón común en estas prácticas tras analizar varias imágenes por satélite. "En muchos casos, las imágenes por satélite captaban tierra ardiendo junto a zonas en las que se veía a ganado deambulando libremente dentro de zonas protegidas", así como "caminos abiertos por las reses a través de zonas quemadas recientemente".

INTIMIDACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Los pobladores indígenas han denunciado también que esta nueva invasión y saqueo de sus tierras vienen acompañados por la consiguiente violencia que distintos grupos armados ejercen contra ellos. AI ha denunciado que en la reserva del río Jacy-Paraná (estado de Rondonia, oeste de Brasil), prácticamente todos sus habitantes han sido desalojados y tienen miedo de regresar, pues se han asentado invasores armados dedicados a la cría de ganado.

No sólo los pueblos nativos han sido objeto de las intimidaciones. Las agencias gubernamentales que tienen el mandato de proteger las reservas también han sido atacadas, tal y como han revelado fuentes medioambientales. "Estábamos rodeados por una treintena de invasores, la mayoría encapuchados. Llegaron a pie por detrás de nosotros con botellas de gasolina. Hubo muchos gritos y amenazas", han explicado.

Pese a que las leyes estatales obligan a los ganaderos llevar un registro y un control de la salud de sus animales, así como de sus movimientos, el Gobierno conservador de Bolsonaro y algunas agencias estatales, están permitiendo la explotación ganadera en zonas protegidas, según la ONG.

"La opinión pública tiene derecho a saber que las explotaciones ganaderas en zonas protegidas son una actividad delictiva. Las autoridades brasileñas deben difundir públicamente esta información y deben tomar medidas significativas para poner fin a la explotación ganadera ilegal en zonas protegidas", ha manifestado Pearshouse.

Amnistía Internacional ha denunciado que tras solicitar datos sobre el número de cabezas de ganado que pastan en zonas protegidas, las autoridades de Rondonia respondieron con datos incompletos, mientras que las de Mato Grosso se negaron a facilitar cifras, violando las leyes del país que amparan el derecho a acceder a información pública.