MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Abogados Extranjeristas ha anunciado este lunes, 16 de marzo, que presentará queja al Defensor del Pueblo por la continuidad de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) durante la crisis del COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma en España.
Desde esta asociación reclaman que ningún juez autorice ningún internamiento más durante la crisis del coronavirus y piden que el Ministerio del Interior "ordene de inmediato la puesta en libertad de todos los internos" en estas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional
La asociación apunta que, decretada la alarma que limita la circulación de los ciudadanos, Interior "no puede garantizar de ninguna manera que ninguno de ellos finalmente vaya a ser expulsado gracias a tenerlo preso".
Los abogados extranjeristas recuerdan que diversas ONG han denunciado las condiciones de vida dentro de los CIE y agregan que "son mucho peores que las cárceles". "Interior está olvidando de forma grosera y gravosa para el derecho a la libertad, uno de las cúspides de la pirámide de los derechos fundamentales en nuestra Constitución, sostiene la asociación, que inciden en que "el internamiento en estos centros puede darse, y sólo puede darse, única y exclusivamente, como un medio para la ejecución de una expulsión".
"Si la expulsión no va a ser posible, el internamiento debe terminar de inmediato y la persona debe ser puesta en libertad", remarca la Asociación de Abogados Extranjeristas que, además de la libertad de movimiento, recuerda que varios países tienen restringido o impiden los viajes con destino u origen España.
"Las expulsiones serán imposibles durante, no sólo los próximos 15 días del estado de alarma, sino hasta que se declare superada la crisis, lo cual será con toda seguridad mucho más de los 60 días que la Ley establece como máximo", añade.
También la Campaña 'CIEs No', que defiende el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha exigido la libertad para las personas internas en estas instalaciones así como su "cierre inmediato". Asimismo, han solicitado al Consejo General del Poder Judicial que dé instrucciones de no ordenar nuevos internamientos, atendiendo a la imposibilidad de ejecución de las expulsiones o devoluciones.