MADRID, 22 (EUROPS PRESS)
El 'testigo clave' que se ha presentado ante la Fiscalía de Bolivia en la investigación sobre la compra de 170 respiradores y ha desvelado que en la operación hubo tres intermediarios bolivianos y que cada uno iba a cobrar 340.000 dólares por su gestión, ha sido detenido, según informa la prensa local.
El detenido, identificado como Fernando Humérez, era uno de los tres supuestos intermediarios en la adquisición de los aparatos, cuya compra con un presunto sobrecosto ha desatado una grave crisis política en Bolivia. Según informa el diario 'La Razón', ha prestado declaración durante ocho horas y ha revelado que al menos tres personas participaron en la negociación para repartirse más de 1 millón de dólares, según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso el medio.
Humérez dijo que había acudido porque él mismo intervino como gestor con la empresa española que ha vendido los respiradores". Según dicho documento, reveló que hace tres semanas recibió una solicitud de Fernando Valenzuela, el ahora exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y que se encuentra detenido, "para poder conseguir en el mercado internacional respiradores para ser entregados en un plazo no mayor de 10 días".
El diario 'El Deber' ya había adelantado que los tres intermediarios iban a cobrar 2.000 dólares de "honorarios" cada uno por cada ventilador, haciendo que el vendedor español --a su vez otro intermediario-- subiese el precio de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares por cada uno. Según precisa 'La Razón', Humérez no ha recibido por ahora "un solo centavo".
"La comisión de fiscales, luego de realizar una evaluación, ha dispuesto hacer la aprehensión del mismo", ha anunciado el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, que está llevando a cabo la investigación. "Lo que quiere decir que en las siguientes horas vamos a remitir ante la autoridad jurisdiccional con la imputación respectiva", ha añadido en declaraciones a Unitel.
Según 'La Razón', la audiencia cautelar del testigo así como del ya exministro de Salud Marcelo Navajas y los otros cuatro detenidos, entre ellos Valenzuela, está fijada para las 16.30 horas de este viernes,
El ministro de Justicia boliviano, Álvaro Coímbra, anunció este jueves que su Gobierno va a iniciar "un proceso" con vistas a una "conciliación" con la intermediaria española, IME Consulting. También avanzó que se pedirá la cooperación de la Fiscalía española con vistas a aclarar la "situación legal" de la empresa en España.
El Gobierno boliviano ha pagado solo un 50 por ciento del contrato --de unos 4,4 millones de euros-- y la empresa IME Consulting ha advertido de que si no recibe el resto demandará por incumplimiento de contrato y no enviará los componentes que faltan. La empresa española se puso en contacto el miércoles con el Ministerio de Justicia boliviano para facilitarle toda la documentación.
Por su parte, el fabricante, GPA Innova, también español, emitió el jueves un breve videocomunicado en el que su gerente, Pau Sarsanedas, afirma que "la venta se realizó a un distribuidor" a su "precio estándar, una tarifa de 6.000 euros más 600 euros de accesorios".
POSIBLE CESE DEL CÓNSUL EN BARCELONA
Entretanto, la ministra de Exteriores, Karen Longaric, ha adelantado que el cónsul general de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, podría ser destituido. La Fiscalía boliviana ya ha anunciado que prevé convocarle para que informe de su participación en la compra de los respiradores.
"He pedido que preste un informe y después de ese informe se lo puede cesar de sus funciones", ha declarado la ministra en un programa televisivo, precisando que "aparentemente" el cónsul habría incumplido sus funciones, según informa el diario 'La Razón'.
Longaric ha denunciado que se está intentando vincularla con el caso " "distorsionando los hechos". No obstante, ha reconocido que la Dirección de Ceremonial del Estado, dependiente de la Cancillería, coordinó el permiso de la aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) que trasladó los equipos desde España.
La canciller ha sostenido que es un proceso habitual para el sobrevuelo y aterrizaje en lugares donde las aeronaves con matrícula boliviana no tienen frecuencias. "La actuación de Cancillería no puede ser interpretada de manera forzada, ni distorsionada tratando de construir una mentira", ha subrayado.
"La Cancillería ha prestado su colaboración tal como nos ha pedido el Ministerio de Salud", ha dicho en su defensa. "Imagínese que tengamos que desconfiar de los diferentes ministerios", ha planteado Longaric.