VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Policía Nacional han detenido a primera hora de esta mañana a L.M.V, de 33 años, hija del fundador de la funeraria Grupo El Salvador, también detenido junto con un hermano de la anterior, por la supuesta estafa de los ataúdes, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
La actuación forma parte de la segunda fase de la 'Operación Ignis', que investiga la incineración de cuerpos en féretros más baratos que los que se habían adquirido o incluso sin ellos, en los tanatorios de Grupo El Salvador, en Valladolid, y que se ha traducido ya en la detención de un total de dieciséis personas.
La detenida, que ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción número 1, en funciones de guardia, ha sido ingresada en el centro penitenciario de Valladolid en situación de prisión provisional, eludible mediante el abono de una fianza de 800.000 euros, idéntica cuantía impuesta hace una semana a su hermano, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En la primera fase, la Policía detuvo a quince personas entre las que figuraban el dueño, su mujer, el hijo y varios trabajadores. La nueva detenida es también hija de los propietarios, y estuvo presente el día 31 de enero, cuanto la Policía y funcionarios de aduanas registraron los tanatorios de Valladolid y Santovenia de Pisuerga. La joven estaba al frente de estos tanatorios, encargándose fundamentalmente de la contabilidad.
La detención se ha producido en la calle, antes de que accediese a las oficinas de la Agencia Funeraria Castellana, central del grupo empresarial, en la calle Angustias, al lado de los juzgados de Valladolid, según una información de eldiario.es
De los quince detenidos en la primera fase de Ignis, tan sólo permanecen en prisión el dueño y su hijo, y ahora otra hija. Mientras que para el padre se decretó prisión comunicada sin fianza, al hijo se le impuso una fianza de 800.000 euros que, hasta el momento, no ha pagado.
Durante los registros, la Policía encontró en casa del propietario casi un millón de euros en efectivo. Todos los detenidos están investigados por presuntos delitos de estafa continuada, fraude a la hacienda pública y blanqueo.
La juez que investiga el caso considera que se pudieron sacar de los féretros unos 6.000 cadáveres, entre los años 1995 y 2015. Tal y como precisó la Policía, se sacaron cuerpos de los ataúdes para cremarlos en otros más baratos y en algunos casos incluso se les incineró fuera de la caja, sobre una tapa o en féretros dañados.