Sindicatos médicos y enfermos denuncian el gueto al que tiene sometida la Administración a la sanidad penitenciaria

"La situación de la sanidad penitenciaria en España está en una situación grave que se arrastra desde hace mucho tiempo y que no sólo afecta a los profesionales sanitarios, sino también a los reclusos, quienes están privados de libertad pero no de sanidad, por lo que deberían tener la misma asistencia que el resto de la población", ha dicho el secretario general del CESM, Gabriel del Pozo.

De hecho, estas quejas llevan trasladándose a las administraciones desde el año 2017 y, además, el año pasado se solicitó entrevistas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al secretario general de Instituciones Penitenciarias, al secretario de Estado de la Fundación Pública e, incluso, al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, hace unos días les han remitido cartas a los ministros de Interior, Sanidad, Política Territorial y Función Pública.

"Llevamos desde el año 2017 pidiendo soluciones y no hemos tenido ninguna, lo que demuestra la desidia y el desinterés que tiene la Administración Sanitaria con la sanidad penitenciaria", ha dicho el presidente de Satse, Manuel Cascos, para avisar de que si se siguen sin atender a sus peticiones no descartan tomar otras medidas más drásticas.

Y es que, en el caso de los médicos, como así lo ha comentado el médico penitenciario, Pedro Antonio Martínez Sánchez, faltan por cubrir el 50 por ciento de las plazas, es decir, 220 de las 440 disponibles. Además, de las que hay cubiertas, el 90 por ciento de los médicos tienen más de 50 años y el 30 por ciento están cerca de la edad de jubilación, por lo que en unos meses se puede vivir una situación de "absoluto caos" en la asistencia sanitaria que se presta en las cárceles españolas.

De hecho, el doctor ha avisado de que hay centros, como por ejemplo en Pamplona, en los que no hay un médico fijo, sino que hay uno que va tres días a la semana durante tres horas. "Esto conlleva una importante carga de trabajo a los profesionales enfermeros que están allí, así como un aumento del gasto sanitario debido a las derivaciones a los centros hospitalarios, y el incremento del número de ingresos y pruebas", ha apostillado.

Precisamente de la situación laboral en la que están las enfermeras ha hablado Cascos, quien ha avisado de que de media hay una profesional para atender a 100 reclusos y, en muchas ocasiones, se ven obligadas a realizar funciones que no les corresponden como, por ejemplo, la asistencia de graves urgencias.

Del mismo modo, la modificación del sistema de guardias ha generado una situación "caótica" que les obliga a estar en una "permanente" situación de disponibilidad y, en algunos casos, a tener que desplazarse hasta 100 kilómetros cuando son requeridas. Un escenario que, según ha reconocido la enfermera penitenciaria, Lourdes Piñel, está originando un "agotamiento" entre los profesionales.

"Todo esto es una falta de respeto a las personas que están privadas de libertad y a los enfermeros y médicos que desarrollan su labor con escasos recursos. Cada centro penitenciario es un 'reino de taifas'", ha recalcado el presidente de Satse, tras criticar que las enfermeras que trabajan en las cárceles cobran unos 700 euros menos que las que trabajan en la sanidad pública.

Ante todo esto, las organizaciones sindicales han destacado la necesidad de que el Gobierno y las comunidades autónomas lleguen a un acuerdo "lo más pronto posible" para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria, dando así cumplimiento a la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. "Es una asignatura pendiente desde hace más de 15 años y sólo el País Vasco y Cataluña tienen transferida esta competencia", ha añadido Cascos.

Finalmente, tanto la CESM como Satse han esperado que al estar en el Gobierno Unidas Podemos sus peticiones sean tenidas más en cuenta dado que promovieron varias iniciativas parlamentarias para solucionar el actual problema al que se enfrenta la sanidad penitenciaria. "Tiene que haber voluntad política para cambiar esta situación, sino no se va a cambiar e irá a peor", ha zanjado el doctor Martínez Sánchez.