MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud - Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) se ha mostrado "claramente en contra" de cualquier forma de cesión de datos de las personas migrantes en situación administrativa irregular incluidas en los ficheros sanitarios y sociales que permita su identificación, localización y expulsión del territorio español.
Esta declaración de la semFYC se produce después del acuerdo a tres firmado por Ciudadanos, PP y VOX en Andalucía para los presupuestos 2020, por el que Policía Nacional y Guardia Civil podrían acceder a los datos que posee la Junta de Andalucía sobre migrantes en situación irregular con la intención de ordenar "adecuadamente los flujos migratorios".
La semFYC argumenta que aplicar la medida prevista por el Gobierno andaluz "chocaría frontalmente" con la garantía de accesibilidad de estas personas a la sanidad pública, "contrariando radicalmente el espíritu actual" del Real Decreto-ley 7/2018, que recuperó el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS).
"El acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona. La garantía del ejercicio de este derecho y la protección efectiva de la salud de la ciudadanía cobra aún mayor importancia cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria normalizada son colectivos de una especial vulnerabilidad, amenazados por la exclusión social, como es el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España", recoge la norma.
"Una persona migrante en situación administrativa irregular no ha cometido ningún delito", ha comentado el coordinador del Grupo de Trabajo de Inequidades en Salud, Luis Gimeno, quien añade que esta medida criminaliza a las personas migrantes. "La semFYC siempre ha defendido la atención sanitaria universal de todas las personas que residan en nuestro país, de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos y la Deontología médica", recuerdan.
Gimeno, además, insiste en que facilitar el libre acceso a la Policía y Guardia Civil de datos de los pacientes "solo llevará a empeorar la atención sanitaria de estos pacientes, ya que ante el miedo a ser expulsados no se darán de alta en el sistema sanitario, perdiendo así la oportunidad de recibir atención sanitaria como el resto de la ciudadanía".
"Esto entra en clara contradicción con el espíritu de universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Esta medida también vulnera el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Reglamento UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos", expone la semFYC.
DESMIENTEN EL SOBREUSO DE SERVICIOS SANITARIOS
Durante el último congreso de la semFYC, miembros de este grupos presentaron que concluía que, con independencia de los servicios, el uso de los migrantes en situación irregular (incluso ajustando por edad y sexo) era solo entre el 10 y 20 por ciento del uso que realizaba un español. Este estudio apuntaba que, en números absolutos, el Servicio Aragonés de la Salud gastaba anualmente 317 euro en farmacia por cada español, frente a únicamente 9 euros en cada migrante en situación irregular.
"Los estudios científicos desmienten el supuesto sobreuso de servicios sanitarios por parte de la población migrante", añade Luis Gimeno. La semFYC indica que, para comprobarlo, solo hay que revisar los últimos datos de los que dispone el Servicio Andaluz de Salud (SAS), correspondientes a mayo de 2018, según los cuales, "las atenciones a la población migrante no regularizada suponen una mínima parte del total de las asistencias sanitarias". En números enteros, el SAS atiende a un total de 32.000 residentes extranjeros no regularizados y no a 52.000, tal y como se ha asegurado en algunas declaraciones políticas.
Por otro lado, recuerdan que la literatura científica demuestra que "dejar sin atención a los migrantes en situación irregular, además de inmoral y de atentar contra los Derechos Humanos, es más caro que atenderles". Así lo recoge un estudio realizado en Alemania, país en el que el acceso a la atención médica para los solicitantes de asilo y refugiados que ingresan al país está inicialmente restringido.
El trabajo, realizado por científicos de la Universidad de Heidelberg en colaboración con investigadores de la Universidad de Bielefeld, concluye que "el costo de la exclusión de la atención médica y otros servicios de asistencia social entre AS&R (solicitantes de asilo y refugiados) es, en última instancia, más alto (en términos de gastos de salud incidentes) que otorgar acceso regular a los servicios necesarios".