La jueza de instrucción de guardia ha decidido este lunes de madrugada no ratificar la instrucción que había dado el Govern catalán para endurecer las medidas de confinamiento en los municipios que tienen la intensidad de transmisión del coronavirus más elevada en Lleida y otros siete del Segre. La magistrada Elena García-Muñoz ha respondido así a la petición de la Fiscalía de parar los planes de la Generalitat.
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En concreto, en el escrito, la jueza se niega a aprobar la medida porque la encuentra “gravísima en el sentido de limitativa y restrictiva de derechos”. Asegura que no está justificada por la situación epidemiológica actual y acusa la Generalitat de querer aplicarla sin aportar datos sanitarios y sin que haya cimientos, o al menos sin que se presenten a la documentación.
La magistrada añade que las medidas son desproporcionadas e indiscriminadas y también carga contra el hecho que no da una fecha de finalización para esta situación excepcional. Por todo ello, bloquea la orden de la Generalitat con el argumento que el Govern de Quim Torra no dispone de las competencias para hacerlo. Apunta que el plan se aproxima mucho en un estado de alarma y señala que en todo caso lo tiene que pedir en el gobierno español y este lo tiene que enviar en el Congreso, tal como pasó con la declaración de estado de alarma que se aprobó en marzo a raíz de la pandemia en todo el estado.
LA GENERALITAT BUSCARÁ EL CAMINO
La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que el Govern catalán "encontrará un camino jurídico" para seguir adelante con las medidas de confinamiento que se decretaron este domingo. En una entrevista de 'Catalunya Ràdio', ha pedido a la ciudadanía que se quede en casa y salga "solo para trabajar y comprar lo necesario", asimismo, ha alertado de que el riesgo de transmisión del coronavirus en esta zona es alto.
"No tomamos medidas por gusto. No dejaremos de trabajar por la salud", ha agregado Vergés, que ha añadido que el Gobierno es conocedor de las medidas que ha tomado la Generalitat, ya que así se lo ha comunicado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
