MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha advertido del rechazo manifiesto de agentes del sector fármaco-sanitario al Plan del Ministerio de Sanidad para incentivar el mercado de genéricos y biosimilares.
Así, señala directamente entre los organismos que se oponen al Consejo general de Colegios de Farmacia (CGCOF), a la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), a la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), a la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), la patronal de la industria farmacéutica FARMAINDUSTRIA, y al colectivo médico ASPE.
"Cada agente, y por distintos motivos, rechaza el Plan propuesto por el Ministerio, aunque sin duda, los más perjudicados son los farmacéuticos de oficina de farmacia que verían reducidos sus ingresos en una cifra máxima de 800 millones de euros, según declaraciones de la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia", afirman.
Entre los motivos de rechazo cree que una posible oposición de Farmaindustria es "un injustificado ataque a los medicamentos con marca, ya que no se reconoce que los incluidos en precios de referencia se comercializan al mismo precio que los genéricos, y se promueve la prescripción y sustitución obligatoria por la DCI"; mientras en el caso de Aeseg existe un "posicionamiento fundado contra la devolución de los descuentos que se trata de imponer, y que consideran su principal herramienta de competencia y diferenciación de las empresas en el mercado".
A su entender, "los médicos están en contra porque coarta la libertad de prescripción, imponiendo guías y sistemas informáticos de prescripción que obligan a hacerlo por principio activo".
En el caso de los pacientes, "está claro que éstos exigen la continuidad de los tratamientos con el mismo formato del medicamento que toman, y el plan va a suponer cambios constantes en función de que se oferte un medicamento a "precio más bajo con descuento", una nueva categoría de precios que se suma a las existentes de "precio de referencia", "precio menor" y "precio más bajo"".
"Pero lo más grave del Plan se reserva, como es habitual, para los farmacéuticos", así destaca la obligación de sustitución y devolución de los descuentos que obtengan en las compras, "para los que el Ministerio maneja la cifra de 800 millones de euros".
PROPUESTA DE FEFE CONTRA EL PLAN
Mientras FEFE propone para impulsar los genéricos, abandonar las actuaciones de precio más bajo con descuento; "priorizar los abastecimientos frente a las bajadas de precios que aumentan tal riesgo por falta de interés económico"; y sobre los medicamentos sin patente y con múltiples fabricantes, afirman que "se debería fijar en un precio mínimo de 3 euros para los financiados".
Por otro lado, ve necesario que las administraciones se "responsabilicen de asegurar 'stocks' de seguridad o respaldo", en vez de "trasladar estas obligaciones a la cadena del medicamento, para evitar desabastecimientos de los genéricos"; y facilitar el acceso a los genéricos en caso de desabastecimiento mediante sistemas ágiles de importación inmediata por los agentes de la distribución, con asunción del diferencial entre precio financiado y precio de importación.
La federación también propone establecer el copago evitable como mecanismo regulador y neutral para permitir la libertad de elección de los pacientes y al tiempo limitar la factura farmacéutica garantizando sostenibilidad en el catálogo; así como la implantación de los precios notificados ya prevista en la regulación, con la incorporación de las sentencias que dan la razón a FEFE en materia de precio de compra de las Oficinas de Farmacia.
"Ello redundará en que las farmacias tendrán mayores facilidades para tener disponibilidad de los medicamentos y supondrá un mayor estímulo en el caso de los genéricos, siempre que se mantenga la libertad de comercio entre fabricantes y farmacias", señalan en el informe del Observatorio del Medicamento de octubre.
Otra propuesta es incorporar las Oficinas de Farmacia a las políticas de desarrollo de Atención Primaria, "con un papel mucho más relevante del farmacéutico como agente de salud"; y facilitar el acceso de la farmacia comunitaria a los biosimilares, "que tienen su uso limitado a la farmacia hospitalaria", para dispensarlos al paciente en su domicilio.
"Ello redundará en el fomento del propio biosimilar al estar más accesible para los pacientes. Reservar la dispensación en los 500 hospitales y no extenderlo a las 22.000 oficinas de farmacia es imponer un copago en la sombra importante en forma de tiempo de desplazamiento y recursos para ello (horas laborales sin productividad)", concluye.