MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2019 un total de 790 quejas relacionadas con la sanidad, un 7,4 por ciento menos que el pasado año (849); de ellas, 725 fueron individuales y 38 agrupadas, y en 26 se actuó de oficio. Un año más las quejas más frecuentes hacían referencia a la saturación de la atención en Atención Primaria y Urgencias, las listas de espera "todavía demasiado largas" o la situación de vulnerabilidad de algunos colectivos, sin embargo este año como novedad introduce la insuficiencia de recursos en las zonas rurales.
Así consta en el Informe Anual de la Institución relativo al ejercicio 2019, que la Oficina del Defensor del Pueblo ha entregado este miércoles a las Cortes Generales y en el que se recogen todas las actuaciones realizadas durante el año pasado. En esta ocasión, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, no ha acudido personalmente a entregar el informe dada la situación de pandemia.
El Defensor llama de nuevo la atención sobre la compensación solo parcial en los últimos años de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, a causa de la crisis económica. Asimismo destaca que el "refuerzo de la Atención Primaria es imprescindible".
"Hay además que apostar, decididamente, por el desarrollo de la cartera sociosanitaria de prestaciones, es decir por los cuidados de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable", señala en su informe.
Respecto al sistema de copago de los medicamentos, que se introdujo por motivos de ahorro en 2012, vuelve a recordar que afecta negativamente a personas con pocos recursos económicos y desempleadas, así como a personas con discapacidad o con enfermedades muy graves.
La institución confía en que pueda acometerse la reforma normativa, que ha recomendado reiteradamente, para ajustar, en términos de progresividad y equidad, el actual modelo de copago farmacéutico. Urge la introducción de un supuesto de exención del copago para las personas con ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo de renta. Además realizó recomendaciones para garantizar la asistencia sanitaria gratuita a colectivos vulnerables que aún están excluidos de la normativa.
SITUACIÓN ACTUAL Y GASTO SANITARIO
"Algunas de las resoluciones formuladas a las Administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar", ha afirmado Fernández Marugán en alusión a los efectos de la crisis del coronavirus.
No obstante, el Defensor ha apuntado que otras de sus recomendaciones y sugerencias pasadas, "tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad". Como ejemplos, ha destacado la situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una renta mínima de inserción social de ámbito estatal.
En materia de gasto sanitario, ofrece argumentos para sostener la idea de que el acceso universal a la sanidad (independientemente del status administrativo) no es solo una exigencia ética, sino que además es una medida de eficiencia económica, en la medida en que contribuye a mejorar la salud colectiva de toda la población y previene los excesivos costes que supone relegar la atención médica de la inmigración en situación irregular a una situación de emergencia médica.
Por otro lado, el estudio demuestra que los extranjeros hacen un uso inferior de consultas, pruebas diagnósticas y medicamentos, generando un menor gasto per cápita en sanidad que el asociado a la población nativa.
PROBLEMAS EN LAS ZONAS RURALES
Durante los últimos años se ha incrementado el interés y la preocupación por la insuficiencia de recursos sanitarios disponibles en las poblaciones de menor tamaño y alejadas de los grandes centros urbanos. El principal motivo por el que se han presentado quejas ha sido el horario limitado para dispensar atención pediátrica y de medicina de familia en centros de atención primaria, y la escasa cobertura del servicio durante los permisos de sus titulares.
Las consecuencias de esta falta de pediatras en zonas de escasa población y de la consiguiente presión asistencial, a la que se hace referencia en las quejas presentadas por los profesionales, tratan de paliarse con la supresión temporal de la atención en alguno de los consultorios locales de la misma zona entre aquellos a los que los facultativos se desplazan diariamente para cumplir los turnos establecidos, por lo que en estos casos son los pacientes los que tienen que trasladarse a localidades más alejadas de su lugar de residencia para ser atendidos.
En ocasiones, en lugar de cancelar la atención en uno de los ambulatorios de una misma zona afectados por este problema, la Administración adopta la medida de mantener el servicio en todos, pero con un funcionamiento intermitente. Al respecto, el Defensor del Pueblo afirma que esta falta de dotación habitual, "que a veces tiene su origen en el hecho de que no estén cubiertas todas las plazas de la plantilla, hace que, en las localidades que incrementan mucho su población en períodos vacacionales, se agudice la saturación de los servicios y se desborde la capacidad asistencial de los especialistas en pediatría, especialmente durante el período estival".
En este contexto, la alternativa que la Administración sanitaria ofrece con frecuencia es dispensar inicialmente atención en consulta a la población infantil por parte de los facultativos de medicina familiar y comunitaria, o proponer el desplazamiento del paciente a las urgencias hospitalarias, limitándose la atención de los pediatras a revisiones programadas de los centros de salud de algunas zonas rurales.
El informe anual también se han detectado desajustes en la infraestructura material de algún consultorio, por lo que ha habido que insistir en que, "en el diseño de los edificios de carácter público con un uso tan sensible como el sanitario, debe tenerse especialmente en cuenta la accesibilidad universal, para que pueda facilitarse a cualquier persona el uso de sus servicios, y evitar obstáculos en el ejercicio del derecho a la protección de la salud".
Cuestión diferente es la referida al equipamiento sanitario con que deben contar los centros de salud y consultorios rurales.Al respecto, señala que "con independencia de la titularidad municipal de los edificios que albergan estos centros asistenciales, con la correlativa obligación de mantenimiento y adaptación a los fines previstos, es preciso recordar la obligación de los servicios autonómicos de salud de equipar debidamente los mismos, con el material y los instrumentos clínicos necesarios".
A falta de convenios especiales interadministrativos de gestión, en materia de dotación de bienes y equipamiento clínico, observa el Defensor con preocupación, por considerarlo "irregular", que los servicios de salud deriven su responsabilidad sin más a las corporaciones locales, como ha podido constatarse en algún supuesto enviado al organismo.