Varias son las comunidades autónomas que ya han anunciado que no mantendrán algunas restricciones cuando acabe el estado de alarma actual, el próximo domingo 9 de mayo. Cataluña, Andalucía y Castilla y León ya han anunciado que no mantendrán el toque de queda nocturno, mientras que otras autonomías como Navarra, Castilla-La Mancha o Baleares sí se plantean mantenerlo.
A cuatro días de que finalice el estado de alarma y a la espera de las pautas que saldrán en la tarde del miércoles a raíz de la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, ya hay regiones españolas que han afirmado que no prolongarán medidas que limitan los derechos fundamentales de las personas, tales como los confinamientos perimetrales autonómicos o el toque de queda.
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Andalucía, Castilla y León y Cataluña ya han adelantado que no continuarán restringiendo la movilidad nocturna. Igualmente, La Rioja también ha anunciado que abrirá sus fronteras y levantará el toque de queda el próximo domingo.
Por el contrario, comunidades como Baleares, Castilla-La Mancha o Navarra han expresado su deseo de continuar con esta norma. La Comunidad Valenciana también se ha pronunciado, afirmando que está estudiando una limitación horaria más reducida, según informa EFE.
Mientras, el País Vasco ultima un decreto, cuyo contenido no ha desvelado, pero que podría tener un horizonte de aplicación de cuatro o seis semanas. Sin embargo, la Fiscalía Superior del País Vasco ha expresado su rechazo a que se autoricen judicialmente los cierres perimetrales de Euskadi y de los municipios, así como el toque de queda nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas, tras finalizar el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha informado de que ya ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior su informe sobre el borrador de decreto que plantea el Gobierno Vasco. En dicho informe, la Fiscalía considera que no es posible limitar derechos constitucionales como la libre circulación sin la cobertura del estado de alarma.
El lehendakari Urkullu no ha querido aventurar nada de su contenido y ha dicho que hasta el viernes continuarán en un proceso de "análisis permanente" tanto de la evolución de la pandemia como de las restricciones que planteen otras comunidades.
También el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) se ha pronunciado a una petición del Govern sobre varias medidas sanitarias, entre ellas el mantenimiento del toque de queda. Para el TSJIB son "inadmisibles" estas peticiones porque no estaban aprobadas en Consell de Govern cuando se hizo la consulta, por lo que no se cumple el requisito previsto en la norma procesal.
A esta respuesta, el Govern ha contestado con la convocatoria de un Consell extraordinario para aprobar de urgencia el toque de queda y que el TSJIB se pronuncie al respecto.
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Por otro lado, en la Generalitat catalana, el Govern ya ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la propuesta de restricciones por la Covid-19 para la semana que viene, para que valide aquellos aspectos que afecten a derechos fundamentales.
Si bien el Govern ha dejado claro que no habrá toque de queda nocturno, sí se seguirán limitando las reuniones a un máximo de seis personas.
En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha confirmado que no habrá cierre perimetral ni toque de queda en su comunidad, pero lo ha achacado a la "negligencia" del Gobierno central con las autonomías.
Fernández Mañueco ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ya dejó claro, el pasado mes de octubre, que estas decisiones deben ser reguladas por ley orgánica "y no hay ninguna ley orgánica en este sentido".
La Rioja promulgará un nuevo plan, similar al actual, pero adaptado al nuevo marco normativo que solo 'disciplina' el uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos o distancias interpersonales y que para cuestiones más limitativas, como confinamientos, pero de ningún modo generalizados como el de una comunidad o municipio, podría apoyarse en la ley de Salud Pública de 1986.
La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha informado de que se adoptará un ‘semáforo’ de tres niveles (bajo, medio y alto) más uno "intensificado", en el que "podamos acudir a medidas que impliquen derechos fundamentales y necesitemos acudir al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja".
También la estrategia de la Junta de Andalucía contempla que no haya toque de queda a partir del 9 de mayo, además de una apertura gradual de la actividad comercial en dos fases y el cierre de municipios con alta incidencia bajo autorización judicial.
Desde Galicia, el presidente Alberto Núñez Feijóo ha dicho estar a la espera de que el Consejo Interterritorial arroje alguna luz sobre la situación que se crea tras el levantamiento del estado de alarma y ha precisado que en su comunidad el comité clínico se reúne este jueves y, en función de la situación jurídica, adoptará aquellas decisiones que "el ordenamiento jurídico ampara".
Por tanto, ha avanzado que probablemente habrá mayor amplitud de horarios en la hostelería porque "la situación epidemiológica lo permite".
La Comunidad de Madrid está estudiando un decreto y no ha tomado, de momento, ninguna decisión sobre qué hacer respecto al toque de queda, según ha informado la consejería de Sanidad
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es partidario de mantener la limitación de movilidad nocturna y esta tarde solicitará en la Interterritorial un "paraguas constitucional" que permita seguir tendiendo un equilibrio prudente para que la desescalada sea ordenada.
En la misma línea de "desescalada prudente y progresiva" se ha manifestado la Comunidad Valenciana. Su presidente Ximo Puig pedirá al Tribunal Superior de Justicia mantener un toque de queda más reducido, si bien la decisión no la tomará hasta finales de semana con las directrices que este miércoles marque el Consejo Interterritorial.
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El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, se ha pronunciado en una entrevista con EFE acerca de que sean los tribunales los que aprueben o rechacen las medidas tomadas por los gobiernos, y opina que "no es el mejor sistema", a la vez que ha alertado del "déficit importante" que existe en la legislación sanitaria de urgencia.
"Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos", ha dicho. Tolosa ha advertido igualmente de que tras el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, se abre "un panorama desde el punto de vista legislativo sumamente complejo".
De hecho, a este respecto se han pronunciado también un importante número de comunidades autónomas, las cuales se han posicionado en contra del decreto que está preparando el Gobierno central y con el que el Tribunal Supremo tendrá 5 días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías. "Trasladan la responsabilidad a los jueces", proclaman regiones como Cataluña, una idea con la que coinciden varios presidentes autonómicos, que acusan al Ejecutivo central de "judicializar" este asunto.
En concreto, las autonomías gobernadas por el PP, además de Cantabria, País Vasco y Cataluña, han criticado que el Gobierno central se exima de sus responsabilidades políticas asegurando que estas decisiones no corresponden a los tribunales. No obstante, comunidades lideradas por el PSOE, como Extremadura, sí que ha considerado acertada la decisión de unificar doctrina.
