- Un empresario denunció que se ocultaron derechos de cobro por valor de 23 millones
- La trama implica a abogados, peritos, economistas y magistrados
- Un tercer administrador aseguró que los procesos eran 'fraudulentos'
Procedimientos concursales otorgados a dedo a cambio de participar en congresos con todos los gastos pagados. Así funcionaba una red de corrupción en la que están implicados varios magistrados de lo mercantil, así como abogados, peritos y administradores concursales.
La investigación, que está siendo realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), se puso e marcha después de que el empresario Antonio García denunciara la trama el pasado mes de octubre. García solicitó entrar en concurso de acreedores voluntario a finales de 2008 después de que su negocio se viese sacudido por la crisis en la industria de la construcción.
Este empresario denunció que el entonces magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Luis Seller Roca de Togores, había designado como administradores de su proceso al economista José Luis Ramos Fortea y al letrado Abraham García Gascón, según ha informado este lunes El Confidencial.
Al parecer, los administradores concursales habían ocultado en su informe derechos de cobro por valor de más de 23 millones de euros. Ramos Fortea y García Gascón negociaron con las entidades que debían esta cantidad para detraer estas deudas de la masa del concurso.
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En base a estas informaciones, magistrados como Seller Roca de Togores participaban en foros organizados por despachos de abogados a cambio de una remuneración y con los gastos pagados. A cambio, los organizadores de los eventos recibían los procedimientos concursales más atractivos.
García denunció que Ramos Fortea y García Gascón habrían defraudado a su empresa, Luxender, hasta dejarla al borde de la liquidación. Además, el empresario ha incluido en la denuncia la declaración de un tercer administrador que no estaba implicado en la estafa y que calificó el proceso de "fraudulento" en sus informes entregados a la Agencia Tributaria.
El tercer administrador destacó incongruencias como que la CAM ejecutase sus propias viviendas compradas en el marco de un préstamo hipotecario o que Caixa Galicia autorizase el cobro de un cheque de cerca de 300.000 euros a cargo de Luxender cuando sabía que las firmas no eran legítimas y que los preceptores no estaban autorizados.
PAGO DE AUDITORÍAS 'FANTASMA'
Asimismo, el informe sobre el proceso fue modificado para aumentar en más de 50.000 euros la remuneración del perito o para destinar cerca de 200.000 euros a pagar una auditoría que nunca fue realizada.
De esta forma, la UDEF empezó la investigación al centrarse solo en la denuncia de García. Pero conforme se avanzaba en el caso, se han ido abriendo frentes e incluyendo a más personas en esta trama. Los casos que se han incorporado a la investigación afectan siempre a las mismas personas, lo que deja ver que han actuado siempre siguiendo la misma estrategia.
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