El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha propuesto juzgar a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos. Están imputados por delito de genocidio por los crímenes cometidos contra refugiados del Sáhara Occidental entre 1975 y 1992.
En un auto emitido este jueves y publicado por Europa Press, el magistrado procesa a un total de once dirigentes marroquíes, entre ellos dos gobernadores, un teniente y un coronel. Los delitos que les imputa son genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Además, ha puesto a siete de ellos en busca y captura.
Ruz ha acordado estas medidas a instancias de la Fiscalía. Según el ministerio público, el "hecho fundamental" que investiga la causa es el hallazgo en febrero de 2013 de una fosa común en Amgala, en la que aparecieron ocho cadáveres que han sido identificados por pruebas de ADN y por varios testigos que incriminan a los procesados.
Entre los procesados se encuentran el gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai. Contra todos ellos el juez acuerda la "busca, detención e ingreso en prisión".
Ruz rechaza procesar a otros ocho imputados por falta de pruebas o prescripción de los delitos cometidos
Además, Ruz procesa al coronel Lamarti y a los presuntos "responsables de genocidio" Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos cuatro casos, el magistrado solicita a las autoridades marroquíes que aporten los datos que posean para su "correcta identificación y filiación". Al mismo tiempo, rechaza procesar a otros ocho imputados por falta de pruebas y en un caso por prescripción de los delitos que se le atribuían.
DESTRUIR A LA POBLACIÓN
La causa fue abierta por Baltasar Garzón en 2007, a raíz de una querella de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa). Investiga asesinatos, bombardeos de campamentos y torturas cometidos por las fuerzas marroquíes en el Sáhara entre noviembre de 1975 y octubre de 1992.
De acuerdo con el auto, las acciones de los procesados tenían como finalidad "destruir" a la población "mediante el asesinato, las desapariciones forzadas o la reclusión durante grandes periodos de tiempo". "Existe, por tanto, una finalidad de destrucción biológica de tales personas y simplemente por su origen étnico, que se manifiesta a lo largo de las declaraciones de los testigos, que narran las referencias de los funcionarios marroquíes a la necesidad de acabar con los saharauis", añade el escrito.
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