El responsable de Economía de Podemos, Alberto Montero, ha indicado que su partido, en caso de gobernar, haría públicos los nombres de los españoles que aparecen en la llamada lista Falciani, así como la lista con aquellas personas que se acogieron a la amnistía fiscal. Según Montero, “es un derecho de todos los ciudadanos saber quién icumple sus obligaciones”.
Montero ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el XIV Congreso de los Técnicos de Hacienda (Gestha), donde ha defendido que las investigaciones persigan a los grandes defraudadores más que a los de pequeña cuantía, “como es el caso de Monedero”.
"Si la mayor bolsa de fraude fiscal son las grandes empresas de este país, ¿dónde vamos a buscar el fraude? ¿En Monedero?", ha preguntado. En su opinión, la Agencia Tributaria debería actuar directamente en “la fuente del fraude fiscal, y eso es producto, esencialmente, de voluntad política”.
PROPUESTAS FISCALES
Además de defender la publicación de las identidades de los defraudadores fiscales, el responsable económico de Podemos ha señalado que, si este partido gana las elecciones, el límite del delito fiscal se reduciría de los 120.000 euros actuales a 50.000. Además, la prescripción de este delito se extendería de cinco a diez años.
La prescripción del delito fiscal se extendería de cinco a diez años
Montero ha defendido una reforma fiscal que cumpla los principios de suficiencia, igualdad y progresividad y que preserve el estado social. En este sentido, ha criticado la paradoja de que España sea uno de los países con los tipos impositivos más elevados de Europa pero también con menos recaudación.
Asimismo, ha destacado que el objetivo de Podemos no es eliminar impuestos, sino cambiar la estructura impositiva para elevar la recaudación. De esta manera, ha destacado que España tiene una de las presiones fiscales más reducidas, del 37% del PIB, muy por debajo de Dinamarca (56%), Finlandia (55%) o Alemania (45%).
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LINCHAMIENTO MEDIÁTICO
Montero ha aprovechado su intervención para quejarse del trato que ha recibido por parte de los medios de comunicación tras conocerse que adjudicó un proyecto sobre vivienda en la Universidad de Málaga al secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón.
En esta línea, se ha definido como una víctima del “linchamiento mediático” por ser el director de este proyecto de investigación, mientras Errejón fue acusado de incumplir sus obligaciones con la Universidad de Málaga.
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