- CDC anuncia decisiones entre lunes y martes
- El PPC pide una comisión de investigación
- Manos Limpias denuncia a Pujol por seis delitos
Aparte del desconcierto de la clase política catalana ante la confesión del fraude fiscal del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, al mantener una cantidad de dinero sin regularizar en el extranjero, algunas fuerzas, como ICV-EUiA y ERC ya han reclamado que se retiren las concesiones especiales de las que goza Pujol en calidad de ex presidente.
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Los privilegios de los que goza Pujol están reflejados en el "Estatut dels ex presidents de la Generalitat", una ley que se aprobó entre abril y agosto de 2003, durante sus últimos tiempos al frente del Ejecutivo catalán. El texto prevé que los ex presidentes puedan atender sus necesidades políticas y personales con “dignidad” y se benefician tanto Pujol, como Pasqual Maragall y José Montilla.
Y entre estos tratos especiales destacan una pensión vitalicia del 60% del sueldo del president de la Generalitat. Una cantidad que algunos medios cifran en 10.000 euros mensuales. Según Vozpópuli, es una cantidad similar a la del sueldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ligeramente superior a la renta de los ex presidentes del Gobierno Central.
Pero no acaba aquí, Pujol disfruta de una oficina de 400 metros cuadrados, a costa de los contribuyentes catalanes, una nómina de tres trabajadores de la administración pública, que ejercen de ayudantes del ex president. Asimismo, dispone de coche oficial con chófer, además de los “servicios de seguridad necesarios para el desarrollo de sus funciones”.
Aparte, ICV también ha reclamado que se retire el trato protocolario de "molt honorable" a Jordi Pujol, ya que, según el secretario general de esta formación, Josep Vendrell, estos derechos son una muestra de respeto institucional, y la confesión de Pujol "demuestra que no es merecedor" de ellos.
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CDC ANUNCIA DECISIONES EN LAS PRÓXIMAS HORAS
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha indicado que entre este lunes y martes se comunicará la decisión al respecto del anuncio de Pujol "entre lunes y martes. En declaraciones a los medios después de abandonar la sede de CDC en Barcelona, donde se ha reunido con otros miembros de la dirección del partido, ha expresado que "las cosas no pueden funcionar de este modo".
Homs ha explicado que, al igual que el president de la Generalitat, Artur Mas, cree que "es evidente que es un tema familiar" que afecta Convergència, "pero no es un tema de CDC". También ha reconocido tener sentimiento de desolación y tristeza después de la confesión de Pujol.
MONTORO CREE QUE EL EX PRESIDENT HA CONFESADO A CAUSA DE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha atribuido el anuncio de Jordi Pujol al hecho que ya había actuaciones "iniciadas" por parte de la Agencia Tributaria.
A preguntas de los periodistas en Sevilla, después de informar sobre la creación del consorcio de la Zona franca, el ministro ha apuntado que las mencionadas actuaciones se estaban desarrollando desde "hace un tiempo".
EL PPC PIDE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Los populares catalanes han pedido la creación urgente de una comisión de investigación sobre el "caso Pujol". Quieren que la petición se tramite de la forma "lo más urgente posible" antes de finalizar el actual periodo de sesiones, el próximo jueves, y ya se han puesto en contacto con el PSC, ICV-EUiA y Ciutadans para intentar recabar apoyos.
MANOS LIMPIAS DENUNCIA A PUJOL POR SEIS DELITOS
El sindicato Manos Limpias ha denunciado a los juzgados de Instrucción de Barcelona a Pujol por delitos fiscales, soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.
El colectivo también pide al juzgado que dirija la acción penal contra la mujer de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, a la cual atribuye el papel de "cómplice y encubridora" de los delitos.
Manos Limpias hace referencia al informe publicado por El Mundo en 2012, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, que hacía referencia al cobro sistemático de comisiones ilegales durante los 23 años que Pujol estuvo al frente del Ejecutivo catalán. La cifra ascendería a 137 millones de euros en varios paraísos fiscales.