La polémica está servida. La llamada 'Tasa Google', que reconoce el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos, no ha satisfecho la demanda de los editores españoles.
Tanto es así, que Emilio Ontiveros, reputado periodista económico de El País y miembro del Consejo Editorial del diario, se ha posicionado en contra de la nueva medida, que en principio debería beneficiar a los editores de prensa.
La Asociación de Editores de Diarios de España (AEDE) publicó hace algo más de una semana un informe en contra de la tasa que el propio Ontiveros, presidente y fundador de Analistas Financieros Internacionales (AFI), suscribe completamente.
Los motivos que indica el comunicado son que si se aprobaba el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI) con el Canon AEDE (Tasa Google) tal como ha sido presentado, el impacto económico sería de 1.133 millones de euros al año para los usuarios de internet en España, ya que el tiempo de búsqueda para acceder a contenidos informativos se incrementaría. Si se analiza el informe en detalle podemos ver que el cálculo es cuando menos complejo.
MÁS TIEMPO DE BÚSQUEDA PARA LOS USUARIOS
De no alcanzarse un acuerdo los diarios podrían desaparecer de los agregadores de noticias, lo que supondría un aumento del tiempo de búsqueda de noticias que iría en perjuicio de los usuarios y consumidores de información.
El impacto en pérdida del bienestar para los más de 17,2 millones de usuarios activos de internet podría suponer unos 1.133 millones de euros en pérdidas, indican desde la AEDE. Quizás deberían darse demasiados supuestos para llegar a esta cifra, que a simple vista impacta mucho, pero que en el detalle no tiene tanto peso.
La participación e implicación de Ontiveros en la rueda de prensa y el informe han sorprendido en las oficinas de Prisa, donde no gusta nada su comportamiento. Más aun cuando esta nueva medida llega para contentar a grupos mediáticos como el mismo al que pertenece.
La frase más dura del informe es la que cierra el mismo: "a la luz de este análisis, resulta difícil justificar la racionalidad económica de la modificación a la LPI propuesta por el Gobierno".
J.A.M.