- La regulación de las comisiones depende de cada Ayuntamiento
- Concejales de Villalba denuncian la falta de voluntad del partido en el Gobierno
La ‘operación Púnica’ ha llevado a varios ayuntamientos afectados a crear comisiones de investigación para revisar los contratos sospechosos con empresas de la trama. Sin embargo, estos municipios se han encontrado nuevos obstáculos en las propias comisiones de investigación: no hay regulación y los partidos con mayoría absoluta tienen total libertad para aceptar o rechazar todas las peticiones.
En plena vorágine por la trama liderada por Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, el Partido Popular de Collado Villalba, cuyo alcalde fue detenido y obligado días después a dimitir, anunció la creación de una comisión de investigación, cuya presidencia correspondería a uno de los partidos de la oposición. Finalmente, la comisión se inició el martes de la semana pasada y la presidencia ha recaído en Izquierda Unida. Sin embargo, el PP tiene mayoría absoluta en el municipio y, por lo tanto, la aprobación o rechazo de todas las propuestas que pasan por la comisión depende del mismo partido salpicado por la ‘operación Púnica’.
“Se trata de lavar la cara ante la opinión pública”, critica Mariano Gómez, concejal de Izquierda Unida y presidente de la comisión de investigación, en una entrevista concedida a Bolsamanía. En este sentido, censura el uso de la mayoría del PP para bloquear la comisión y que “la presidencia no sirve para nada”.
BLOQUEO DE LA MAYORÍA ABSOLUTA
Cuando se cumple un mes de la detención del exalcalde Agustín Juárez, la comisión de investigación apenas ha avanzado. Desde la oposición coinciden en señalar la falta de “voluntad política” del partido con mayoría absoluta, que está bloqueando la entrega de documentación.
“Las comisiones sirven en tanto en cuanto dejen que sirvan”, señala Gómez. “El PP está bloqueando cosas, niegan cosas”, lamenta el concejal de IU. “Propusimos que renunciaran a la mayoría en la comisión”, algo que los populares villalbinos rechazaron. Por su parte, Fernando Tellado, concejal de UPyD en el municipio madrileño, cree que “no hay ninguna voluntad por parte del PP de que de esto se saque algo bueno”.
Las comisiones sirven en tanto en cuanto dejen que sirvan
Esta semana, se aprobaron las comparecencias, solicitadas por UPyD, de Granados y Marjaliza, pero el PP rechazó que acudiera también Esperanza Aguirre. También están llamados a declarar técnicos municipales, miembros de la comisión que aprobó los contratos, el exalcalde Agustín Juárez y uno de los directivos de Cofely, la empresa a la que este Ayuntamiento adjudicó el contrato irregular investigado por la Audiencia Nacional.
El presidente de la comisión tiene pocas esperanzas en que los dos principales responsables del caso de corrupción colaboren. “Es complicado, porque es una cosa política, no penal; la gente no está obligada a declarar”, explica.
AUSENCIA DE REGULACIÓN
“No existe una regulación concreta, sólo una norma en el Congreso”, explica Fernando Tellado. La única referencia se basa “en experiencias de otros ayuntamientos que lo han regulado dentro de su reglamento”, ya que esta localidad nunca se ha enfrentado a una situación de este tipo. El único precedente se remonta al anterior Gobierno local, del PSOE, que aceptó una comisión de investigación de un día para explicar un viaje del entonces alcalde, presuntamente pagado por empresarios locales.
Las funciones del presidente de la comisión “no están reguladas, te tienes que autorregular tú”, explica Gómez. Este edil echa en falta “unas pautas generales” que den las indicaciones básicas para la formación de comisiones, si bien reconoce que una regulación más amplia sería un asunto “complicado” porque “depende sobre qué versen las comisiones”.
Al final, todo depende de la voluntad del que gobierne
Por su parte, Tellado reconoce que la reforma local fue una oportunidad perdida para regular muchas cuestiones que determinan el funcionamiento de las corporaciones locales, entre ellos las comisiones de investigación. En este sentido, apunta que “no ha habido nunca voluntad de cambiarla” y que se hizo “una regulación de urgencia”.
Los dos concejales entrevistados por Bolsamanía lamentan la falta de utilidad de este procedimiento para poder determinar responsabilidades políticas, en el que cuenta más quién tiene la mayoría en el Ayuntamiento que realiza la comisión de investigación. “Al final, todo depende de la voluntad del que gobierne, que en este caso está en el ojo del huracán”, resume Tellado.
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